FGR presiona para frenar la libertad anticipada de Javier Duarte
La Fiscalía General de la República (FGR) busca impedir que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtenga su libertad anticipada.
Mientras la defensa sostiene que Duarte ha cumplido el 95% de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, y que no existe impedimento legal para su salida, el fiscal especial Manuel Granados insiste en que permanece abierto un proceso por desaparición forzada, apelado por la Fiscalía de Veracruz, lo que a su juicio impide cualquier beneficio penitenciario.
La ofensiva de la Fiscalía
Durante una audiencia que ya suma más de cuatro horas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la FGR presentó seis testigos, cinco de ellos funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y uno más de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Según la FGR, el proceso de desaparición forzada no ha concluido, pese a que un juez local declaró sobreseída la causa penal. La Fiscalía veracruzana apeló esa resolución y el expediente se encuentra aún en revisión.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Dennis Moreno Córdoba, fiscal auxiliar de la Coordinación de Denuncias de Personas Desaparecidas de Veracruz, quien relató que se realizaron hasta seis intentos para llevar a Duarte a la audiencia inicial de ese proceso:
“Lo hicimos comparecer casi amarrado… para llevar a cabo la audiencia inicial; Duarte ponía pretextos, vomitó, se desmayó y lo llevaron en silla de ruedas a la fuerza para que declarara”, expuso la funcionaria local.
La testigo añadió una observación que expuso las irregularidades procesales del caso.
“La audiencia del sobreseimiento se llevó a cabo con extraña celeridad”.
Foto: Cuartoscuro
La defensa sostiene que no hay riesgo procesal
Por su parte, el abogado defensor Pablo Campuzano reiteró que no existe elemento jurídico alguno que frene la salida de su cliente. Recordó que Duarte cumple con todos los requisitos de ley: cómputo de pena superior al 95%, buena conducta y participación en actividades de reinserción social como cursos académicos y docencia intramuros.
“No hay riesgo procesal —afirmó—, y cualquier otro señalamiento carece de fundamento legal”.
Campuzano insistió además en que, conforme al tratado de extradición con Guatemala, no se pueden ejecutar nuevas órdenes de aprehensión por delitos distintos a los que motivaron la entrega del exgobernador en 2017, salvo que ese país lo autorice expresamente.
El litigante añadió que la defensa está preparada para promover un amparo en caso de que la apelación de Veracruz prospere, y que la FGR “ha convertido un procedimiento de ejecución de sentencia en un debate político más que jurídico”.
Foto: Cuartoscuro
Una sesión tensa y prolongada
La audiencia, presidida por la jueza Ángela Zamorano Herrera, inició a las 10:00 de la mañana y se prolongó por más de cuatro horas, con receso incluido. Se prevé que las partes presenten sus alegatos finales y la jueza delibere esta tarde.
El resultado definirá si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada y continuar su proceso de reinserción social fuera del penal. La defensa confía en que la resolución será favorable, mientras la FGR y la Fiscalía de Veracruz buscan mantenerlo tras las rejas, apelando al riesgo que, según sus argumentos, aún representa para el curso de la justicia.
Con información de: Político.mx
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Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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