FGR presiona para frenar la libertad anticipada de Javier Duarte
La Fiscalía General de la República (FGR) busca impedir que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtenga su libertad anticipada.
Mientras la defensa sostiene que Duarte ha cumplido el 95% de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, y que no existe impedimento legal para su salida, el fiscal especial Manuel Granados insiste en que permanece abierto un proceso por desaparición forzada, apelado por la Fiscalía de Veracruz, lo que a su juicio impide cualquier beneficio penitenciario.
La ofensiva de la Fiscalía
Durante una audiencia que ya suma más de cuatro horas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la FGR presentó seis testigos, cinco de ellos funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y uno más de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Según la FGR, el proceso de desaparición forzada no ha concluido, pese a que un juez local declaró sobreseída la causa penal. La Fiscalía veracruzana apeló esa resolución y el expediente se encuentra aún en revisión.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Dennis Moreno Córdoba, fiscal auxiliar de la Coordinación de Denuncias de Personas Desaparecidas de Veracruz, quien relató que se realizaron hasta seis intentos para llevar a Duarte a la audiencia inicial de ese proceso:
“Lo hicimos comparecer casi amarrado… para llevar a cabo la audiencia inicial; Duarte ponía pretextos, vomitó, se desmayó y lo llevaron en silla de ruedas a la fuerza para que declarara”, expuso la funcionaria local.
La testigo añadió una observación que expuso las irregularidades procesales del caso.
“La audiencia del sobreseimiento se llevó a cabo con extraña celeridad”.
Foto: Cuartoscuro
La defensa sostiene que no hay riesgo procesal
Por su parte, el abogado defensor Pablo Campuzano reiteró que no existe elemento jurídico alguno que frene la salida de su cliente. Recordó que Duarte cumple con todos los requisitos de ley: cómputo de pena superior al 95%, buena conducta y participación en actividades de reinserción social como cursos académicos y docencia intramuros.
“No hay riesgo procesal —afirmó—, y cualquier otro señalamiento carece de fundamento legal”.
Campuzano insistió además en que, conforme al tratado de extradición con Guatemala, no se pueden ejecutar nuevas órdenes de aprehensión por delitos distintos a los que motivaron la entrega del exgobernador en 2017, salvo que ese país lo autorice expresamente.
El litigante añadió que la defensa está preparada para promover un amparo en caso de que la apelación de Veracruz prospere, y que la FGR “ha convertido un procedimiento de ejecución de sentencia en un debate político más que jurídico”.
Foto: Cuartoscuro
Una sesión tensa y prolongada
La audiencia, presidida por la jueza Ángela Zamorano Herrera, inició a las 10:00 de la mañana y se prolongó por más de cuatro horas, con receso incluido. Se prevé que las partes presenten sus alegatos finales y la jueza delibere esta tarde.
El resultado definirá si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada y continuar su proceso de reinserción social fuera del penal. La defensa confía en que la resolución será favorable, mientras la FGR y la Fiscalía de Veracruz buscan mantenerlo tras las rejas, apelando al riesgo que, según sus argumentos, aún representa para el curso de la justicia.
Con información de: Político.mx
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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