FGR presiona para frenar la libertad anticipada de Javier Duarte
La Fiscalía General de la República (FGR) busca impedir que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtenga su libertad anticipada.
Mientras la defensa sostiene que Duarte ha cumplido el 95% de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, y que no existe impedimento legal para su salida, el fiscal especial Manuel Granados insiste en que permanece abierto un proceso por desaparición forzada, apelado por la Fiscalía de Veracruz, lo que a su juicio impide cualquier beneficio penitenciario.
La ofensiva de la Fiscalía
Durante una audiencia que ya suma más de cuatro horas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la FGR presentó seis testigos, cinco de ellos funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y uno más de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Según la FGR, el proceso de desaparición forzada no ha concluido, pese a que un juez local declaró sobreseída la causa penal. La Fiscalía veracruzana apeló esa resolución y el expediente se encuentra aún en revisión.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Dennis Moreno Córdoba, fiscal auxiliar de la Coordinación de Denuncias de Personas Desaparecidas de Veracruz, quien relató que se realizaron hasta seis intentos para llevar a Duarte a la audiencia inicial de ese proceso:
“Lo hicimos comparecer casi amarrado… para llevar a cabo la audiencia inicial; Duarte ponía pretextos, vomitó, se desmayó y lo llevaron en silla de ruedas a la fuerza para que declarara”, expuso la funcionaria local.
La testigo añadió una observación que expuso las irregularidades procesales del caso.
“La audiencia del sobreseimiento se llevó a cabo con extraña celeridad”.
Foto: Cuartoscuro
La defensa sostiene que no hay riesgo procesal
Por su parte, el abogado defensor Pablo Campuzano reiteró que no existe elemento jurídico alguno que frene la salida de su cliente. Recordó que Duarte cumple con todos los requisitos de ley: cómputo de pena superior al 95%, buena conducta y participación en actividades de reinserción social como cursos académicos y docencia intramuros.
“No hay riesgo procesal —afirmó—, y cualquier otro señalamiento carece de fundamento legal”.
Campuzano insistió además en que, conforme al tratado de extradición con Guatemala, no se pueden ejecutar nuevas órdenes de aprehensión por delitos distintos a los que motivaron la entrega del exgobernador en 2017, salvo que ese país lo autorice expresamente.
El litigante añadió que la defensa está preparada para promover un amparo en caso de que la apelación de Veracruz prospere, y que la FGR “ha convertido un procedimiento de ejecución de sentencia en un debate político más que jurídico”.
Foto: Cuartoscuro
Una sesión tensa y prolongada
La audiencia, presidida por la jueza Ángela Zamorano Herrera, inició a las 10:00 de la mañana y se prolongó por más de cuatro horas, con receso incluido. Se prevé que las partes presenten sus alegatos finales y la jueza delibere esta tarde.
El resultado definirá si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada y continuar su proceso de reinserción social fuera del penal. La defensa confía en que la resolución será favorable, mientras la FGR y la Fiscalía de Veracruz buscan mantenerlo tras las rejas, apelando al riesgo que, según sus argumentos, aún representa para el curso de la justicia.
Con información de: Político.mx
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En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
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Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
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