FGR investiga a políticos de BC, entre ellos el exesposo de la gobernadora Marina del Pilar
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República investiga a políticos y empresarios bajacalifornianos, entre ellos a Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El citatorio exige la comparecencia de Torres Torres en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, acompañados de un abogado y documentos de identificación oficial.
La denuncia, calificada como anónima por algunos de los implicados, abarca al menos a 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres.
Torres Torres, quien fue el centro de atención mediática en mayo pasado cuando junto a su entonces esposa anunciaron la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos, enfrenta ahora cargos formales como imputado. Según los oficios de la FGR de los que Proceso tiene una copia.
Esto ocurre en medio de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con la delincuencia organizada. El caso, que involucra a figuras políticas clave de la entidad fronteriza, ha generado revuelo tras la filtración de documentos judiciales que circulan.
Supuestos lazos con el narcotráfico
En octubre de este año, la gobernadora Ávila Olmeda anunció su divorcio en proceso, tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico.
Burgueño Ruiz, por su parte, confirmó haber recibido su citatorio y criticó públicamente su filtración, argumentando que se trata de una "denuncia anónima" sin sustento. "Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer", declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, ni Torres Torres, ni su exesposa han emitido declaraciones oficiales sobre el citatorio.
El 19 de mayo, el Semanario Zeta reveló que Torres y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y EU por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió del aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que albergaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. En EU, el Departamento de Seguridad del Interior indaga por conspiración para delitos y lavado.
El 10 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales documentados en eventos públicos y proyectos regionales. Las empresas de Galicot-Rojas, como Escénica Publicidad y Kuk Lab, han obtenido contratos millonarios en Baja California y Sonora para telemetría y geolocalización, presuntamente usados para blanquear fondos de "La Mayiza", facción sinaloense.
Trayectoria militante
Carlos Alberto Torres Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y posee maestrías en Acción Política y Participación Ciudadana, así como en Administración de Empresas por el CETYS Universidad.
Su trayectoria despegó en el Partido Acción Nacional (PAN), donde militó por más de dos décadas. Entre 1996 y 2000, fue secretario estatal del partido en Tijuana; de 2001 a 2003, asumió como secretario nacional.
En 2010, Torres se postuló como candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana, aunque no logró el triunfo. Posteriormente, entre 2011 y 2012, fungió como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar) en Baja California. De 2016 a 2019, ocupó una curul como diputado local en el Congreso de Baja California.
Cuando Torres, como diputado local, votó a favor de la controvertida "Ley Bonilla". Esta reforma, impulsada por el entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez (de Morena), extendía de dos a cinco años su mandato, violando límites constitucionales y generando un escándalo nacional que culminó en su invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Torres justificó su voto como un acto de "lealtad institucional", pero el episodio lo catapultó a Morena, donde se integró ese mismo año.Días después, el 20 de septiembre de 2019, se casó con Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces candidata a la alcaldía de Mexicali y sucesora designada de Bonilla como gobernadora. De esta unión nació Diego José en 2020.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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