Las 83 denuncias presentadas por Carlos Manzo siguen su curso: fiscal
MORELIA, Mich. (apro).- Luego de darse a conocer la detención de Jorge Armando N., presunto autor intelectual del crimen de Carlos Manzo Rodríguez, el fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que hay 83 denuncias penales y administrativas que fueron presentadas por el alcalde y que siguen su curso pese a su muerte.
Una de las denuncias es sobre un presunto desfalco millonario en las arcas del Ayuntamiento de Uruapan que habría sido ocasionado por exfuncionarios municipales del periodo 2021-2024, encabezado por el morenista Ignacio Campo.
Las 83 denuncias administrativas están siendo investigadas, dijo el fiscal, y están en proceso ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y ante la Auditoría Superior del estado y la federación.
Torres Piña precisó que antes del asesinato de Carlos Manzo se requirió mayor información al gobierno municipal para ampliar las demandas y la documentación de los casos, con el fin de seguir la investigación, pero ya no fue entregada.
Las denuncias presentadas por Carlos Manzo Rodríguez eran contra varios exfuncionarios, ya que se habían detectado casos de licencias sin pagar y documentación ilegal, entre otras irregularidades, las cuales el fiscal calificó como un “desfalco millonario”.
Celebró, en este sentido, la detención de los implicados en el crimen del expresidente municipal y reiteró que aún no está cerrado el caso.
Piden investigar a Leonel Godoy y a Raúl Morón
Por su parte, el diputado local Carlos Bautista Tafolla, miembro activo del Movimiento del Sombrero, aseguró que, aunque se dio la detención del presunto autor intelectual de Carlos Manzo, “esta no es una respuesta satisfactoria”, e insistió en que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel y el senador Raúl Morón Orozco.
El diputado independiente insistió en sus redes sociales que “la línea de investigación es de orden político”, porque “esto es un crimen de estado” y Carlos Manzo los señaló públicamente como personajes “de cuidado”, dijo.
Por su parte, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, llamó a “no limitar la pacificación a solo discursos” y pidió que autoridades integren a la Iglesia al plan estatal de pacificación.
“Si confrontamos no construiremos la paz”, dijo, y reiteró que su función es mantener una postura conciliadora: “El papel de la Iglesia es reconciliar ante el clima de tensión que vive el estado tras las recientes manifestaciones”, y afirmó que corresponde a la población evaluar si las decisiones del gobierno benefician o no al pueblo.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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