Aprueban en Durango la Ley Nicole, reforma que prohíbe cirugías estéticas en menores de 18 años
DURANGO, Dgo. (apro).- El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la denominada Ley Nicole, una reforma legal que prohíbe la realización de cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo procedimientos reconstructivos justificados médicamente, y que endurece las sanciones contra quienes se ostenten falsamente como profesionales de la salud o practiquen intervenciones quirúrgicas sin tener la certificación correspondiente.
La legislación surge tras el caso de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció luego de someterse a dos procedimientos estéticos en una clínica privada, hecho que provocó la indignación social y abrió un debate sobre la regulación de la cirugía estética en menores y el ejercicio ilegal de profesiones médicas en la entidad.
La diputada Sughey Torres, del PRI, explicó a Proceso que el dictamen aprobado es “amplio, estructurado y analizado a profundidad”, ya que integra tres reformas, entre ellas la Ley Nicole y modificaciones al Código Penal para sancionar la usurpación de profesiones, particularmente en el ámbito de la salud.
“Es un dictamen en donde entran tres reformas, incluida la Ley Nicole. También se aprobó una iniciativa que presenté hace tres años para sancionar a quienes, sin ser cirujanos plásticos certificados, realizan cirugías estéticas o intervenciones invasivas basadas solo en cursos cortos o identidades falsas”, indicó la legisladora.
Según Torres, el análisis legislativo se extendió durante casi dos meses e incluyó mesas de trabajo, consultas técnicas y la participación de especialistas.
“Escuchamos voces de médicos profesionales, cirujanos, recibimos opiniones del Poder Judicial, de la Fiscalía del Estado y de diferentes personas que se acercaron. Fue un trabajo de fondo. Buscamos evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido con Paloma Nicole, algo que nos sacudió y estremeció a todos”, señaló.
La diputada destacó que la propuesta ya se encontraba planteada desde la legislatura pasada, pero que no existían condiciones políticas para dictaminarla. “Desde hace tres años estaba tratando de sacar este tema, pero no había condiciones. Hoy quedó aprobado por unanimidad. Todos los diputados estuvieron a favor”, afirmó.
Con las reformas aprobadas, se modificó el Artículo 232 del Código Penal del Estado, estableciendo penas más severas para quienes se atribuyan títulos o especialidades médicas sin contar con estudios oficiales o certificaciones autorizadas.
El artículo establece que:
Se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multas de 200 a 500 UMA a quien se atribuya falsamente títulos o grados académicos, o desempeñe servicios profesionales sin tener las acreditaciones correspondientes.
La misma sanción aplicará a quien realice actividades reservadas a profesionistas con cédula o certificación.
Quien lleve a cabo un procedimiento médico-quirúrgico especializado sin certificación podrá recibir entre 4 y 8 años de prisión, además de multas de 300 a 600 UMA.
Además, el artículo contempla incrementos en las penas cuando se trate de intervenciones en el campo de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, realizadas por personas sin cédula o certificación válida.
La ley sanciona también a las clínicas que no cuenten con lo establecido por la ley para la realización de procedimientos quirúrgicos.
La reforma penaliza de manera explícita la realización de cirugías estéticas en menores de 18 años, exceptuando los procedimientos reconstructivos derivados de malformaciones congénitas, accidentes o condiciones fisiológicas que afecten la integridad física o psicológica del menor, siempre que exista dictamen médico especializado y evaluación psicológica.
“Este dictamen es muy completo y busca evitar que se repita una tragedia como la que vivimos. Ahora solo queda esperar a que la ley se ejecute como debe ser”, finalizó Torres.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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