Endurecen penas en extorsión; van cambios a Diputados

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con un endurecimiento en las penas, el decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, y reforma el Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados, que ya anunció, a través de Ricardo Monera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), que habrá de ratificar los cambios aprobados por la Cámara Alta.

Sanciones

“Consideramos importante modificar el umbral de la pena por la comisión de este delito, porque la minuta proponía una sanción de 6 a 15 años. Ese umbral no corresponde a los años de prisión mínimo que las legislaciones de Baja California con siete años, Tamaulipas con 10, Ciudad de México con 10 años, Estado de México con ocho años, Zacatecas ocho años, Nayarit 10 años, Chiapas 10 años, Morelos, Quintana Roo y Michoacán con 15 años establecen.

“De mantener la sanción de seis años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años. Este aumento no afecta a quienes actualmente se encuentran purgando una sanción por este delito, pues, el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, impide aplicar la ley en perjuicio de persona alguna”, explicó Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia al fundamentar el decreto.

Los cambios realizados al artículo 18 de la nueva ley de extorsión prevén aplicar sanciones de hasta 42 años cuando, entre otras agravantes, se emplee cualquier medio para impedir la denuncia extorsiva, o la extorsión se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima.

A nombre del PAN, Guadalupe Murguía manifestó preocupación porque el propio decreto establece “que no se incrementará el presupuesto regularizable y que no se autorizarán recursos adicionales” para su instrumentación.

Por el PRI, Carolina Viggiano advirtió: “Hay que ser sensatos, cuando está de por medio la vida de las personas una cárcel llena no es una sociedad segura, máxime cuando no se atacan los pactos criminales que les dan sustento, cuando desde la cárcel se realizan 80% de las extorsiones”.

Con información de El Economista.