El 27 de noviembre comenzará a negociarse el incremento al salario mínimo para el 2026

La cita para negociar el incremento al salario mínimo para 2026 está agendada para el próximo 27 de noviembre, en esa fecha sesionará el Consejo de Representantes de la Conasami para analizar las propuestas del sector patronal, sindical y del Gobierno Federal, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.

“El Consejo de Representantes sesiona para esta tarea hasta el 27 de noviembre. Se empieza el proceso”, comentó la fuente a El Economista. 

El Consejo está integrado por 12 personas representantes propietarias y 12 suplentes para cada uno de los sectores de las y los trabajadores y de las y los patrones; además del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Luis Felipe Munguía Corella, en representación del Gobierno federal.

La Conasami anunció el 18 de noviembre que ya se prepara para comenzar el proceso de fijación del salario mínimo en el país. En un comunicado, explicó que su Dirección Técnica prepara ya su informe anual sobre el comportamiento de la economía para 2025. Una vez concluido, lo presentará “a finales de mes”.

“Con esto dará inició el proceso de fijación de los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026”, informó la Conasami.

Actualmente el salario mínimo general es de 278.80 pesos diarios (8,475 pesos al mes) y en la zona fronteriza de 419.88 pesos al día (12,764 pesos mensuales), la cual abarca 46 municipios. 

Desde el Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que “viene muy pronto” el aumento y que para 2030 la meta es que este ingreso alcance a cubrir 2.5 veces la canasta básica. Incluso el 18 de noviembre pasado, la mandataria dijo que el salario mínimo ha aumentado 125% real de 2018 a la fecha.

“Se hace por consenso, todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso, y nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible”, afirmó Sheinbaum el miércoles pasado sobre la negociación con los representantes de los trabajadores y los empleadores.

Por ley, el incremento al salario mínimo debe ser por arriba de la inflación que hasta octubre pasado se ubicó en 3.57 por ciento.

Al igual que la Conasami, el sector de los empleadores y el de los trabajadores preparan en estos días sus propuestas de incremento para llevarlas a la mesa con las autoridades federales a partir del 27 de noviembre. En diciembre debe quedar fijado el salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El año pasado, Claudia Sheimbaum anunció el acuerdo para el alza el 4 de diciembre.

“Sí, hasta a partir del 27 (de noviembre), o sea, todo lo que pasa antes son perspectivas, propuestas que apenas se van a recibir. Tienen que mandar las propuestas de los diferentes sectores. Todo son ideas o perspectivas”, explicó la fuente consultada.

¿Cuáles son las propuestas de aumento al salario mínimo 2026?
El incremento al salario mínimo se prevé que sea diferenciado para 2026, es decir, un incremento de doble dígito para el salario general que rige en la mayoría del país y otro de un sólo dígito para la zona fronteriza, según la fuente consultada y análisis publicados previamente.

“La intención es que ya el mínimo no incremente igual en las dos zonas geográficas, lo cual ya está muy cantado”, comentó.

De acuerdo con la fuente, el incremento para el salario mínimo general puede ser cercano a 12% y para la zona fronteriza de 6 por ciento. El ajuste a la remuneración básica general sería igual al acordado para este 2025.

Analistas de Banamex estiman un incremento de 11% para el salario mínimo.

“En 2025 el aumento al salario mínimo fue de 12% y estimamos que para el siguiente año el aumento sería marginalmente menor, en 11%, para ubicarse en 309.5 pesos al día. Lo anterior en línea con comentarios recientes de la presidenta, quien ha señalado que el aumento de 2026 sería parecido al de 2025, lo que implica menores aumentos que en el sexenio previo”, de acuerdo con la nota especial del área de Estudios Económicos de Banamex.

Mientras que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) solicitó al Consejo de Representantes de la Conasami que el incremento al salario mínimo para 2026 sea de 20% directo, reportó El Economista la semana pasada.

Por su parte, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) planteó que el incremento sea de 16% al salario mínimo general y de 4% al fronterizo.

“El aumento diferenciado entre salario mínimo general y salario mínimo fronterizo permite evitar efectos negativos en el empleo y da viabilidad para lograr el objetivo de la presidenta Sheinbaum”, explicó ACFP en un reporte.

El aumento diferenciado responde a que en la zona fronteriza el objetivo de cubrir 2.5 canastas básicas ya fue alcanzado y es superior en 1,100 pesos, indica la organización civil.

Aumentos de dos dígitos al salario mínimo, ¿un riesgo al empleo?

Los aumentos a doble dígito de aquí a 2030 por ahora no representan un riesgo para la creación de empleos, lo cual puede ocurrir hacia 2028 o 2029 cuando rebase la meta de recuperar el poder adquisitivo y supere el monto de las 2.5 canastas básicas, estimó la fuente consultada.

“No conozco una industria, un sector en ningún lado de la mesa ni gobierno ni empleador ni ni obrero que se oponga, insisto, ni pública ni privado, a que la ruta del poder adquisitivo continúe”, dijo.

Sin embargo, a medida que el salario mínimo sea más elevado sí puede haber efectos “negativos importantes”, advierte Banamex en su estudio.

“Esto ya que aumenta la carga (en costos) para las empresas (dada a dinámica de la productividad), desincentivando la creación de empleo y presionando los precios finales que llegan a los consumidores, lo que puede a su vez incidir negativamente sobre la pobreza, generando efectos contrarios a los deseados”, explica.

Con información de El Economista. 

Tips al momento

Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.


La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.

Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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