Industria de vinos y licores pide reforma fiscal para alinear México con socios del T-MEC
Ante el inicio de conversaciones relacionadas con el T-MEC, la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) hace un llamado a adoptar en México un esquema fiscal similar al de Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales.
Resalta la necesidad de modernizar el esquema con el que México grava las bebidas alcohólicas para transitar del actual modelo que cobra el impuesto según el precio del producto -ad valorem- a uno que lo determina según la cantidad de alcohol puro de cada bebida -ad quantum-.
El T-MEC es el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, cuya revisión está planeada para julio de 2026, seis años después de que entró en vigor.
“Creo que es muy bueno decir, ahora que estamos iniciando las conversaciones en torno al T-MEC y a toda la negociación que va a tenerse en estos meses y en 2026, que nuestros socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá y, en general, la mayoría de las economías de la OCDE, ya gravan las bebidas alcohólicas mediante impuestos ad quantum, que es como nosotros lo proponemos para México”, dijo en entrevista Panambí Garcés.
La directora general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores aseguró que solo en casos de economías emergentes o que todavía no están bien desarrolladas el impuesto se calcula con base en el precio de la bebida alcohólica.
Ejemplificó que si una botella de tequila contiene 40 grados de alcohol debería pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con base en esos 40 grados de alcohol y así disminuye la evasión fiscal y se reducen las pérdidas de recaudación.
Actualmente, la CIVyL estima que el 42% del mercado total de bebidas alcohólicas no paga los impuestos correspondientes, debido a la complejidad del esquema de cobro, que se determina según el valor de cada bebida, lo que termina generando distorsiones en el mercado.
Dicho porcentaje, pronosticó la Comisión, seguirá al alza de continuar con el mismo esquema fiscal actual. “Mientras no se haga un ajuste a la forma en la que se cobra el impuesto, pues no pareciera que va a haber incentivos para que el mercado se comporte diferente”, acotó Panambí Garcés.
Por ello, reiteró que hay espacio para que México pueda alinearse con sus principales socios comerciales y con las economías más consolidadas al migrar al esquema fiscal de gravar las bebidas según su grado de alcohol.
Además, la directora general de la CIVyL aseguró que con el cambio fiscal que promueven se combatiría el mercado ilegal de bebidas alcohólicas y reduciría la pérdida fiscal, la cual ascendió a 19,500 millones de pesos en 2024.
Puntualizó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente “genera un sistema complejo, abre espacios para evasión y no logra desincentivar a los productos de bajo precio y alto contenido alcohólico, que son los más nocivos”.
La industria de vinos y licores es estratégica para México, opinó la entrevistada, ya que genera más de 155,000 empleos y aporta a las finanzas públicas.
Tan solo en 2024, la recaudación por concepto de bebidas alcohólicas alcanzó los 75,000 millones de pesos, equivalentes al 1.5% de los ingresos tributarios y al 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
“Entonces, con un cambio de régimen se espera una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión, una mayor equidad y una mayor simplicidad en temas administrativos… Esto se aliena con el objetivo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para no crear nuevos impuestos”, acotó.
La directora general de la CIVyL comentó que la discusión para considerar un cambio en la manera en que se cobra el IEPS en México se esperaría para el próximo año, en la propuesta del paquete fiscal 2027.
En 2026, la industria de bebidas alcohólicas mantendrá su estructura fiscal actual. Actualmente, los productores enfrentan un 53% de impuesto especial, así como un 16% de IVA y, en 16 de los 32 estados, un impuesto estatal adicional del 4.5% sobre la venta de bebidas alcohólicas.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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