México vive una triple crisis ambiental y los impuestos verdes pueden contribuir a mitigarla: Alianza por la Justicia Fiscal
Sophia Appl, la coordinadora técnica en la Alianza por la Justicia Fiscal, destacó que los impuestos pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, esto al desincentivar actividades o prácticas contaminantes y con ello recaudar fondos para atender sus consecuencias.
México actualmente vive una triple crisis ambiental y hay varios impuestos que ya existen en el sistema fiscal de nuestro país que, con algunas modificaciones, podrían contribuir a mitigarla, dijeron especialistas de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF).
Durante la presentación del cuadernillo “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas”, elaborado por la AJF, especialistas aseguraron que la crisis ambiental que atraviesa México se da por tres frentes: crisis por los impactos del cambio climático, por la contaminación y por la pérdida de biodiversidad.
Ante este escenario, Sophia Appl, la coordinadora técnica en la Alianza por la Justicia Fiscal, destacó que los impuestos pueden contribuir al cuidado del medio ambiente, esto al desincentivar actividades o prácticas contaminantes y con ello recaudar fondos para atender sus consecuencias.
De esta manera, la AJF ubica tres tipos impuestos ya existentes en México que no necesariamente son verdes pero que tienen el potencial de contribuir al cuidado del medio ambiente: impuestos al carbono, enfocados al sector transporte y vinculados a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Estos impuestos es que no existe claridad sobre el destino de los recursos recaudados, pues van a una bolsa común sin que se tenga certeza de que se utilizan para proteger el medio ambiente o a mitigar las actividades contaminantes que están gravando.
De ahí que la AJF presente en el cuadernillo 16 propuestas que buscan incrementar la capacidad de esos instrumentos fiscales existentes de contribuir a la mitigación de las tres crisis ambientales, así como complementarlos con herramientas innovadoras y progresivas y, de esa forma, desincentivar actividades y tecnologías dañinas, así como fortalecer el presupuesto para el medio ambiente.
¿Qué se propone?
Entre las propuestas está, por ejemplo, cobrar a los jets privados derechos adicionales a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), así como cobrar tarifas especiales y más cerca a los estándares internacionales por el uso y anclaje de yates, especialmente en puertos de turismo de lujo como Los Cabos.
Diego Merla López, coordinador de la estrategia de justicia fiscal de Oxfam México, recalcó que para hablar de mayor justicia ambiental, es necesario también hablar de las desigualdades ambientales que hay en nuestro país.
En ese sentido, el especialista de Oxfam México aseguró que el 1% más rico de México contamina tanto como el 80% más pobre, mientras que el 0.1% contamina tanto como el 40% más pobre.
“Las inversiones de los tres mexicanos más ricos contaminan tanto como las 17 millones de personas más pobres del país. ¿Qué consumen estos tres mexicanos más ricos? Autos de lujo, joyería (…) pero también jets y yates”, dijo Diego Merla.
El coordinador de estrategia de justicia fiscal de Oxfam México aseguró que un jet privado contamina en un hora de vuelo lo que un mexicano promedio contamina al año, de ahí que sea necesario cobrarle derechos adicionales a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
Mientras que en el caso de los yates privados, la AJF indica que un mega yate puede generar en un año una huella de carbono equivalente a la de 1,400 personas, lo que hace también necesario discutir la propuesta de cobrarles tarifas especiales.
Por su parte, Arabel Alí, analista de políticas climáticas, recordó que la semana pasada México fue a la COP 30 y ahí nuestros país refrendó su compromiso de reducir en 35% las emisiones de efecto invernadero para 2030.
“Si no se plican impuestos justos a quienes más tienen y no se dan recursos suficientes a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se va a lograr la meta”, dijo.
Con información de El Economista
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El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.
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En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
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Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
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