MCO señala a Gabino Cué, Alejandro Murat y Salomón Jara de complicidad en etnocidio indígena
OAXACA, Oax., (apro) .- Con la complicidad de los gobernadores Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat Hinojosa y Salomón Jara Cruz, la comunidad indígena mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón es víctima de crímenes de lesa humanidad, que se han prolongado más de una década, lo que constituye un caso de “etnocidio”.
Así lo informó la Misión Civil de Observación (MCO) de derechos humanos, quienes a través de una investigación documentaron y analizaron más de trece años de violencia de Estado contra habitantes de esta comunidad.
El informe identifica la participación y colusión de actores municipales, estatales y federales, así como del grupo caciquil encabezado por Manuel Zepeda Cortés y la exdiputada y la actual Secretaría de las Mujeres del estado de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, cuya influencia ha sido determinante para mantener el clima de persecución.
En su primer informe, el equipo independiente de la Misión Civil de Observación (MCO) de derechos humanos sostuvo que la comunidad indígena mazateca Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, “es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y prolongarse por una década constituyen un caso de etnocidio”.
Su afirmación la sostienen en el registró 50 víctimas directas y más de 500 víctimas indirectas de tortura, detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, desplazamiento forzado, hostigamiento judicial y represión política, así como la participación y colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno, y la explotación ilegal del río Xangá Ndá Ge en los últimos 13 años por la familia del político y cacique Manuel Zepeda, padre de Elisa Zepeda Lagunas, funcionaria del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.
Consideran que la destrucción del cauce, la contaminación con metales pesados, la desecación de tramos completos, la pérdida acelerada de fauna y flora, y que la maquinaria pesada está operando en territorio comunitario, es un ecocidio, los cuales forman parte del mecanismo para debilitar la autonomía y abrir paso al despojo territorial.
Resaltaron que “hoy en día diversas familias de la comunidad mazateca enfrentan un momento crítico debido a que siguen vigentes más de 200 órdenes de aprehensión que mantiene a más de 30 familias en desplazamiento forzado desde 2014 o en permanente riesgo por las amenazas y criminalización, además de que continúa la devastación ambiental y la impunidad es absoluta”.
Ante estas graves violaciones a los derechos humanos, la misión responsabilizó a más de 50 funcionarios e instituciones municipales, estatales y federales, entre los que se encuentran Elisa Zepeda y Manuel Zepeda, por reprimir y torturar a miembros de la comunidad y usar de manera arbitraria los recursos públicos y cuerpos de seguridad para “aterrorizar a la comunidad, manipularla y someterla”, así como por su injerencia directa en las violaciones al debido proceso e impedir que los procesos penales contra pobladores mazatecos finalicen.
Entre los funcionarios implicados, la Misión también señaló a magistrados, fiscales generales de Oaxaca, jueces, diputados y a los gobernadores estatales Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat Hinojosa y Salomón Jara Cruz, “por generar, mantener e intensificar, desde el diseño de sus políticas públicas, la persecución judicial y la tortura institucional en contra de la comunidad”.
También resaltaron que el Estado mexicano y el estado de Oaxaca “deben emitir un reconocimiento público oficial de la responsabilidad institucional en la tortura institucional continuada, la criminalización política y el desplazamiento forzado de la comunidad mazateca”, entre otras medidas para la reparación integral y cesar el etnocidio en la comunidad.
La mañana de este 3 de diciembre, tras lograr romper el cerco policial de más de doce horas en el centro de la CDMX, las mujeres mazatecas de Eloxochixtlan lograron instalar sus carpas para la realización de “La Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización”, una acción que busca justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que han cometido los gobiernos de Oaxaca, la cual se realizará durante los días 3, 4 y 5 de diciembre.
La Misión Civil de Observación documentó un período de más de 13 años de violencia de Estado, criminalización política y explotación ambiental que han afectado profundamente a la comunidad mazateca.
El informe fue elaborado por un equipo independiente de personas expertas en derechos humanos, ciencias naturales, ingeniería, psicología, antropología, perspectiva de género e interculturalidad. Su finalidad es romper el cerco de silencio y registrar, con rigor, lo que la comunidad ha denunciado desde hace más de una década.
Con información de: Proceso.
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