MCO señala a Gabino Cué, Alejandro Murat y Salomón Jara de complicidad en etnocidio indígena
OAXACA, Oax., (apro) .- Con la complicidad de los gobernadores Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat Hinojosa y Salomón Jara Cruz, la comunidad indígena mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón es víctima de crímenes de lesa humanidad, que se han prolongado más de una década, lo que constituye un caso de “etnocidio”.
Así lo informó la Misión Civil de Observación (MCO) de derechos humanos, quienes a través de una investigación documentaron y analizaron más de trece años de violencia de Estado contra habitantes de esta comunidad.
El informe identifica la participación y colusión de actores municipales, estatales y federales, así como del grupo caciquil encabezado por Manuel Zepeda Cortés y la exdiputada y la actual Secretaría de las Mujeres del estado de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, cuya influencia ha sido determinante para mantener el clima de persecución.
En su primer informe, el equipo independiente de la Misión Civil de Observación (MCO) de derechos humanos sostuvo que la comunidad indígena mazateca Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, “es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y prolongarse por una década constituyen un caso de etnocidio”.
Su afirmación la sostienen en el registró 50 víctimas directas y más de 500 víctimas indirectas de tortura, detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, desplazamiento forzado, hostigamiento judicial y represión política, así como la participación y colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno, y la explotación ilegal del río Xangá Ndá Ge en los últimos 13 años por la familia del político y cacique Manuel Zepeda, padre de Elisa Zepeda Lagunas, funcionaria del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.
Consideran que la destrucción del cauce, la contaminación con metales pesados, la desecación de tramos completos, la pérdida acelerada de fauna y flora, y que la maquinaria pesada está operando en territorio comunitario, es un ecocidio, los cuales forman parte del mecanismo para debilitar la autonomía y abrir paso al despojo territorial.
Resaltaron que “hoy en día diversas familias de la comunidad mazateca enfrentan un momento crítico debido a que siguen vigentes más de 200 órdenes de aprehensión que mantiene a más de 30 familias en desplazamiento forzado desde 2014 o en permanente riesgo por las amenazas y criminalización, además de que continúa la devastación ambiental y la impunidad es absoluta”.
Ante estas graves violaciones a los derechos humanos, la misión responsabilizó a más de 50 funcionarios e instituciones municipales, estatales y federales, entre los que se encuentran Elisa Zepeda y Manuel Zepeda, por reprimir y torturar a miembros de la comunidad y usar de manera arbitraria los recursos públicos y cuerpos de seguridad para “aterrorizar a la comunidad, manipularla y someterla”, así como por su injerencia directa en las violaciones al debido proceso e impedir que los procesos penales contra pobladores mazatecos finalicen.
Entre los funcionarios implicados, la Misión también señaló a magistrados, fiscales generales de Oaxaca, jueces, diputados y a los gobernadores estatales Gabino Cué Monteagudo, Alejandro Murat Hinojosa y Salomón Jara Cruz, “por generar, mantener e intensificar, desde el diseño de sus políticas públicas, la persecución judicial y la tortura institucional en contra de la comunidad”.
También resaltaron que el Estado mexicano y el estado de Oaxaca “deben emitir un reconocimiento público oficial de la responsabilidad institucional en la tortura institucional continuada, la criminalización política y el desplazamiento forzado de la comunidad mazateca”, entre otras medidas para la reparación integral y cesar el etnocidio en la comunidad.
La mañana de este 3 de diciembre, tras lograr romper el cerco policial de más de doce horas en el centro de la CDMX, las mujeres mazatecas de Eloxochixtlan lograron instalar sus carpas para la realización de “La Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización”, una acción que busca justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que han cometido los gobiernos de Oaxaca, la cual se realizará durante los días 3, 4 y 5 de diciembre.
La Misión Civil de Observación documentó un período de más de 13 años de violencia de Estado, criminalización política y explotación ambiental que han afectado profundamente a la comunidad mazateca.
El informe fue elaborado por un equipo independiente de personas expertas en derechos humanos, ciencias naturales, ingeniería, psicología, antropología, perspectiva de género e interculturalidad. Su finalidad es romper el cerco de silencio y registrar, con rigor, lo que la comunidad ha denunciado desde hace más de una década.
Con información de: Proceso.
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“Hago una invitación pública a la exlegisladora Daniela Álvarez, del PAN, para reunirnos al mediodía y debatir de frente. Creo firmemente que es momento de hablar con claridad y responsabilidad: ya basta de declaraciones que generan confusión y tergiversan la realidad. La gente merece honestidad y hechos, no versiones construidas desde la mentira. Daniela, lleva a tus asesores y todo lo que necesites. Estoy lista para un debate serio, directo y con respeto, donde cada quien sostenga sus palabras con argumentos”, dijo Lilia Aguilar.
Culpa Morales a Duarte por guerra del agua en Chihuahua
El ex gobernador César Duarte salió a relucir esta mañana en la rueda de prensa del ejecutivo federal, esto luego de que el Director General de Conagua, Efraín Morales, ejemplificara el tipo de sanciones que se implementarán con la aprobación de la nueva Ley de Aguas, con el caso de las presas de Duarte.
Al mencionar que las sanciones que aplicará Conagua a los productores serían en su mayoría a personajes de poder político o adquisitivo, retomó el tema de Duarte en Chihuahua, en el que detectaron presas en una de sus propiedades, que denunciaron por acaparamiento de agua.
“El caso más emblemático tal vez es el del ex gobernador Duarte, que se mandó a construir una presa para retener 700 mil m3 de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo que no cuentan con el agua suficiente para llevar a cabo sus actividades agropecuarias, y esto también perjudicó en la presa de la Boquilla que causó un conflicto muy complejo en años anteriores”, dijo.
Hay que recordar que en el 2020 inició la “guerra contra el agua” en la comunidad de La Boquilla, esto por la intención de la federación de hacer la transacción de agua hacía Estados Unidos como parte del tratado que se tiene desde 1944, pero al estar en extrema sequía los Chihuahuenses defendieron el líquido vital provocando un enfrentamiento que le costó la vida a Jessica Silva.
Productores llaman a continuar en protesta contra legisladores de Morena
El Movimiento Agrícola Campesino MAC, convoca a los productores a continuar en protesta en el país, además de fichar a los legisladores y senadores de Morena.
A través de redes sociales aseguran que "Si alguna vez hubo un día que fuera el más importante para presentarnos, ese día es hoy".
Lo anterior en el marco de la votación general de la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de diputados y su turno al Senado.
"Tenemos que seguir en la protesta y en gran número. Necesitamos demostrarle a la Ciudad de México que este movimiento no se está apagando, sino que solo está creciendo y cada vez nos hacemos más fuertes.
Aún hay esperanza, pero si no nos presentamos y permanecemos unidos, esa esperanza empieza a morir".
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