Renuncia la fiscal general de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó este lunes su renuncia ante el Congreso local, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional que modifica el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y reduce el periodo de nueve a cuatro años. 

En la carta enviada al Poder Legislativo, Hernández Giadáns señaló: “El proceso reformador establece nuevas bases y temporalidad; coincido con la reforma, por eso presento mi renuncia al cargo y estoy pendiente del proceso de entrega-recepción”. 

La renuncia fue aprobada por mayoría del Congreso local. Hernández Giadáns había sido ratificada en mayo de 2020 —durante el gobierno de Cuitláhuac García— para un periodo de nueve años (2020-2029), en sustitución de Jorge Winckler, previamente removido.  

Tras casi cinco años en el cargo, su salida se enmarca en la práctica recurrente en Veracruz de relevar a la persona titular de la Fiscalía con la llegada de una nueva administración. 

De manera paralela, el Congreso recibió la solicitud de licencia de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien pidió separarse temporalmente del cargo por un año. La magistrada, que recientemente dejó la presidencia del Tribunal, es una de las figuras que podrían ser consideradas para ocupar la Fiscalía. 

Hace unas semanas, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que redefine el modelo de designación, remoción y duración del encargo en la Fiscalía General del Estado. Con el nuevo esquema, la propuesta para ocupar la titularidad será enviada directamente por el Poder Ejecutivo, en contraste con el mecanismo anterior basado en convocatoria y terna. 

La reforma establece que el Congreso deberá votar la propuesta del Ejecutivo en un plazo máximo de cinco días hábiles y con mayoría calificada; de no hacerlo, la propuesta se considerará aprobada de manera automática. Si la primera propuesta es rechazada, el Ejecutivo enviará una segunda. En caso de que tampoco sea aprobada o no se someta a votación en el plazo correspondiente, el Ejecutivo podrá designar a la persona fiscal entre las dos postulaciones enviadas. 

Otro cambio central es la reducción del periodo en el cargo: la duración pasa de nueve a cuatro años, con posibilidad de una sola ratificación para un periodo adicional. Si no se concreta la ratificación, deberá iniciarse un nuevo proceso conforme a las reglas establecidas. 

Con información de: Proceso.