EU activa revisión laboral contra México por presunta denegación de derechos en operación marítima en Campeche

En un caso particular que podría marcar nuevo precedente en el sector marítimo, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México iniciar una revisión bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del T-MEC, tras detectar indicios de posibles violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva en una instalación hotelera flotante operada por Bernhard Schulte Shipmanagement México (BSM) y PMI Norteamérica (PMI NASA), ubicada en Campeche.

La petición deriva de una denuncia presentada el 12 de noviembre de 2025 por la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios (ORDEN), un sindicato independiente que acusó a ambas empresas de intervenir en la actividad sindical, impedir el estallamiento de una huelga, intimidar a trabajadores durante un desembarque forzoso y despedir de manera irregular a empleados en paro tras la cancelación del contrato entre PMI NASA y BSM.

 

De acuerdo con el Comité Laboral Interinstitucional de Estados Unidos (ILC), existen “pruebas suficientes y creíbles”que justifican activar el mecanismo de aplicación del T-MEC. Con ello, la Representación Comercial de Estados Unidos solicitó formalmente a México determinar si se configuró una denegación de derechos en la operación marítima.

México cuenta con 10 días para aceptar la revisión y, de hacerlo, dispondrá de 45 días para concluirla. Aunque el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida ha sido utilizado previamente en sectores como automotriz, manufactura y minería, esta solicitud destaca por involucrar a una instalación marítima flotante, un ámbito menos frecuente en las controversias laborales del tratado.

La resolución de este caso particular será observada de cerca por especialistas y actores sindicales, pues podría influir en futuros criterios de cumplimiento laboral dentro de la industria energética y de servicios marítimos.

El secretario General de la ORDEN, Antonio Fritz, dijo que hay un compromiso para colaborar plenamente con las autoridades mexicanas que lleven a cabo la investigación derivada de la aceptación de la queja.

"Expresamos nuestro compromiso para poder otorgar al gobierno Mexicano, que se encargará de la investigación, la información necesaria que sea utilizada para corregir esta denegación de derechos y lo más importante, el establecimiento de mecanismos de reparación y compensación adecuados a los derechos humanos que han sido violados."

Finalmente, la organización expresó su optimismo en que el proceso no solo corregirá las violaciones actuales, sino que servirá de catalizador para un cambio estructural. "Tenemos la certeza que este proceso le ayudará al gobierno Mexicano a implementar políticas que eviten en lo sucesivo que estas violaciones puedan ser efectuadas," concluyó Fritz.

 

 

Con información de: El economista.

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