Roban documentos de la Secretaría de Hacienda de Sonora; hackers afirman que van por el SAT

Múltiples documentos y bases de datos fueron robados de los servidores de la Secretaría de Hacienda de Sonora este fin de semana; se trata de una vulneración de la seguridad digital que se traduce en cerca de 40 gigabytes de información que comprometen al gobierno y a la ciudadanía.

El grupo criminal responsable, identificado como Chronus, afirma que su siguiente objetivo es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que una de sus víctimas previas fue la Policía Municipal de Hermosillo.

“De acuerdo a la información publicada por el grupo cibercriminal Chronus, el tipo de ciberataque fue una combinación entre la explotación de una vulnerabilidad en alguno de los sistemas afectados, secuestro de datos (ransomware, en el que se encripta la información y se vuelve inaccesible) y exfiltración de datos para su posterior publicación para el acceso libre o la venta, en el caso de la Secretaria de Hacienda de Sonora la información se publicó para descarga libre y se puso a la venta el acceso a los sistemas afectados”, explicó a proceso José Manuel Acosta, director de Sonora Cibersegura, una organización civil dedicada a fomentar la educación digital con miras a prevenir crímenes informáticos.

Ante los hechos, las autoridades del estado circularon un comunicado en el que detallan que se identificó la extracción de información “en un equipo designado a la recepción de correspondencia de la Subsecretaría de Egresos”. Afirman, no obstante, que la “situación fue atendida conforme a los procedimientos establecidos en su plan de gestión de incidentes”, además de que se presentó la denuncia ante la fiscalía de Sonora.

Posterior a esta vulneración de la seguridad, de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora, se recibieron “solicitudes y conexiones sospechosas en los portales, sitios y servicios del Gobierno del Estado”, de manera que se optó por establecer coordinación con instancias estatales y federales para fortalecer la protección.

“Son ataques avanzados y persistentes que explotan vulnerabilidades conocidas para ejecutar un modelo de negocio de crimen organizado en tendencia. No son desconocidos o radicalmente novedosos, sino una evolución del cibercrimen que se enfoca en la máxima eficiencia económica a través de la extorsión dual”, detalló el experto.

Este grupo criminal, informó Sonora Cibersegura, se ha dado a conocer por este tipo de operación con fines de extorsión, particularmente a entidades gubernamentales y empresas mexicanas. Aunque no figura como uno de los grupos más grandes a nivel mundial con estas características, sí lo hace por su agresividad y por su enfoque en Latinoamérica.

Entre las víctimas de los recientes ataques de este grupo criminal se encuentran mil 200 elementos de la Policía Municipal de Hermosillo cuyos datos, incluidas fotografías y tipos armas utilizadas, fueron filtradas. Antes de la policía, el portal de transparencia del ayuntamiento de la capital de Sonora también fue vulnerado.

Identificar con precisión las consecuencias de lo sucedido, sin embargo, no es de todo sencillo: se trata de riesgos “multifacéticos” que afectan tanto a las instituciones mismas, como a la ciudadanía cuyos datos se encuentran resguardados sin las medidas de protección necesarias.

Uno de los riesgos principales es el robo de identidad de las personas a través del acceso a nombres completos, CURP, números de seguridad social, direcciones y más; lo que puede ocasionar fraudes bancarios y de otros tipos. Existen, no obstante, otros factores, como las implicaciones de la vulneración de la privacidad en sí, sobre todo en casos como el de policías y sus familias.

Para el sector público como tal, la situación incluye daños reputacionales, posibles demandas y, también, la posibilidad de enfrentar sanciones.

“La institución puede enfrentar investigaciones y sanciones significativas por parte de los órganos garantes de la transparencia y la protección de datos (como el INAI en México) por incumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales”, concluye el experto.

Las carencias en materia de seguridad de los portales públicos del país fueron tema nacional en el 2022, cuando el grupo Guacamaya intervino en la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dio como resultado el caso “Guacamaya Leaks”. No obstante, detalló el director de Sonora Cibersegura, la motivación y el método empleado distinguen dicho caso con lo acontecido esta semana.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

Notas recientes