Hacinamiento carcelario en México: Nayarit y Estado de México, en alerta roja por sobrepoblación penitenciaria

Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, el sistema penitenciario mexicano ha experimentado una expansión nunca antes vista que desafía toda capacidad logística y humanitaria, lo que ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper el récord histórico de personas privadas de la libertad.

Este récord se consiguió en tan solo 13 meses, tiempo en el que la población privada de la libertad pasó de 235 mil 461 personas, en octubre de 2024, a 256 mil 557 en noviembre de 2025, un incremento de 21 mil 96 personas que ha agudizado profundamente la crisis de sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento carcelario en diversas prisiones del país.

Sin embargo, la “joya de la corona”, en cuanto a sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento, son solo dos entidades del país: el Estado de México, que se ha convertido en una especie de “fábrica” de presos o presuntos culpables, y Nayarit, que concentran sus prisiones estatales en alerta roja.

Expertos en el tema de prisiones explican que la sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento carcelario se concentra en los penales estatales, más que en los federales, debido principalmente a que las fiscalías locales son las autoridades competentes para investigar la mayoría de los delitos comunes y de alto impacto (como asaltos, robos y violaciones), aunque esto no necesariamente se traduce en una mayor seguridad y justicia para la ciudadanía.

El Estado de México, epicentro de la crisis con sobrepoblación penitenciaria récord

De acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística, la geografía del hacinamiento carcelario en el país no es uniforme. Hay estados que han cruzado la línea roja de la operatividad.

Al cierre de noviembre de 2025, el Estado de México se consolida como el epicentro de la crisis absoluta, operando bajo una presión humana que desafía cualquier norma de seguridad y derechos humanos: alberga a 37 mil 468 personas, en un sistema penitenciario diseñado para solo 14 mil 481 internos. Con una sobrepoblación absoluta de 22 mil 987 personas por encima de su capacidad instalada, las prisiones estatales del Estado de México concentran un 158.74 % de sobrepoblación relativa.

El abogado Luis Tapia, especializado en derechos humanos y derecho penal, es enfático al señalar que la situación en el Estado de México, al que describe como una “máquina de llevar gente a prisión”, es impulsada por una tendencia punitivista por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Así, según su análisis, este sistema cuestionable prioriza el ingreso masivo de personas a las cárceles para mantener la percepción de acción contra la inseguridad, sin que esto garantice una justicia efectiva para las personas.

Este hacinamiento crónico coincide con un perfil educativo bajo en la entidad, donde la mayoría de los internos solo cuentan con secundaria completa (11 mil 657) o primaria completa (seis mil 816) y un grupo alarmante de 792 personas que no saben leer ni escribir.

En octubre de 2021, Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que, en efecto, el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores, como pequeños robos, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia por qué no han bajado los niveles de violencia en el país pese a que hay más detenidos.

Hoy, a más de cuatro años de esa investigación, el Estado de México, que es gobernado por la morenista Delfina Gómez, concentra casi el 80 % del excedente poblacional de todo el sistema estatal mexicano, conservando el mismo perfil de personas inocentes en prisión.

Pese a lo anterior, al indagar más a detalle en las condiciones de centros penitenciarios estatales específicos, las cifras son aún más alarmantes.

Foto: Cuartoscuro

Centros del colapso: Chalco y Zumpango, donde el espacio dejó de existir

Los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) de Chalco y Zumpango representan los puntos más extremos de esta crisis. En estos centros, el concepto de “espacio personal” es inexistente, operando con una densidad que quintuplica su diseño original.

De manera desagregada, en noviembre de 2025, el CPRS de Chalco alcanzó una sobrepoblación relativa de 532.66 %. Así, diseñado para albergar a solo 591 personas, hoy sostiene a una población de 3 mil 739 internos.

Esto significa que, estadísticamente, donde debería dormir una persona, conviven más de cinco.

El CPRS de Zumpango presenta una situación similar, con un 513.33% de sobrepoblación. Así, con una capacidad mínima de apenas 120 espacios, el centro reportó 736 personas privadas de la libertad, con cifras al cierre de noviembre.

Incluso, aunque hubo una mínima reducción respecto a los 742 internos que tenía en octubre, la infraestructura sigue operando en un estado de saturación absoluta.

Neza Bordo, la masificación del conflicto

El CPRS Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, conocido popularmente como “Neza Bordo”, enfrenta una crisis de escala distinta debido a su volumen masivo de población. En noviembre de 2025, este penal registró una sobrepoblación del 217.50 %.

Sin embargo, a diferencia de Chalco, Neza Bordo maneja poblaciones mucho más grandes: cuenta con 5 mil 823 internos en un espacio diseñado para mil 834 personas. Esta cifra aumentó respecto de octubre, cuando albergaba a 5 mil 794 personas.

De su población total, el 88.3 % pertenece al fuero común, destacando que mil 145 personas siguen bajo proceso sin haber recibido una sentencia definitiva. Es decir, personas inocentes que están esperando que se resuelva su situación.

En este penal estatal viven personas como Jorge Raúl Tirado Ambriz, un joven comerciante y padre de familia que por hacer una llamada de auxilio a un policía, que tiempo después fue relacionado con una presunta banda de secuestradores, lleva casi cinco años en la cárcel por un delito presumiblemente fabricado por autoridades de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Foto: Cuartoscuro

Nayarit lidera porcentualmente la crisis de hacinamiento carcelario a nivel estatal

No obstante, mientras que el Estado de México lidera las cifras de sobrepoblación por volumen bruto, en términos porcentuales, Nayarit encabeza la alerta nacional, pues con una capacidad mínima de mil 173 espacios, hoy sostiene a 3 mil 345 internos. Es decir que registra una sobrepoblación relativa o hacinamiento del 185.17 %.

El punto más crítico de la geografía nayarita se encuentra en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Bucerías que, con una capacidad mínima de solo 95 espacios, registró en noviembre una población de 415 personas.

Esto equivale a una sobrepoblación del 336.84%, una cifra que empeoró respecto a octubre, cuando reportó un 309.47 %. En términos prácticos, en este penal conviven cuatro personas en el espacio diseñado para una.

Por su parte, el Centro de Readaptación Social (Cereso) Nayarit Venustiano Carranza, el más grande del estado, también opera en condiciones de alerta roja. En un mes, su población pasó de 2 mil 680 a 2 mil 716 internos, alcanzando una sobrepoblación del 182.33 % para finales de noviembre.

Foto: Cuartoscuro

El efecto “olla de presión” en las prisiones estatales de México

A la lista de estados que junto con el Estado de México y Nayarit concentran las mayores cifras de sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento de cárceles, se suman otros: Durango tiene 105.75 % de exceso; seguido de Morelos que tiene 103.47 % y Sonora que con 92.15 % de exceso tiene una sobrepoblación absoluta de 7 mil 361 personas.

En Chiapas, el CRS Número 7 Huixtla reporta un 510% de exceso de población. En estos lugares, la densidad humana es cinco veces superior a la proyectada, lo que anula cualquier posibilidad real de reinserción social.

Sofía González Talamantes, subdirectora de Documenta, reafirma que la sobrepoblación penitenciaria es mayor en el sistema estatal porque allí es donde recae la mayoría de las personas acusadas de cometer un delito. Enfatiza en que albergan “a la mayoría de las personas que se les acusa de cometer un delito, aunque no necesariamente significa que lo hayan hecho”, y carecen de infraestructura y seguridad necesarias para manejar a dicha población.

La paradoja federal

Así, mientras que los estados se asfixian, el sistema de Centros Penitenciarios Federales muestra una realidad opuesta. Por ejemplo, al cierre de noviembre de 2025, el gobierno federal reportó una disponibilidad de 7 mil 816 espacios libres (un 27.72 % de capacidad no utilizada).

En contraste, los datos de estos 13 meses revelan que el principal motor detrás de estas cifras no es necesariamente el aumento de sentencias, sino el estancamiento de los procesos judiciales.

En octubre de 2024, había 75 mil 608 personas procesadas (esperando sentencia) en el fuero común. Para noviembre de 2025, esa cifra se disparó a 92 mil 128 personas. Esto significa que el número de personas encarceladas sin condena creció 21.8 % en poco más de un año, saturando las cárceles estatales mientras sus expedientes duermen en los juzgados.

“Lo grave es que con el tema de la prisión preventiva aumenta un montón la población en estos centros estatales donde no hay suficiente espacio ni condiciones humanas para que estén las personas privadas de la libertad”, señala Sofía González Talamantes. Además, el aumento sostenido de internos sin sentencia indica que de no agilizarse el sistema judicial la “olla de presión” carcelaria podría explotar.

Luis Tapia atribuye esta concentración, además de la carga estadística que concentran estos estados, a una política de la Fiscalía General de la República, que encabezada por el exfiscal Alejandro Gertz Manero, tenía una política de “meterse menos” y trasladar la responsabilidad de casos (incluso de su competencia concurrente como el secuestro) al fuero local.

“Por eso insisto y cierro diciendo que, si se quiere cambiar un poco esa tendencia, sí tiene que haber más investigaciones en la Fiscalía General, se tienen que encargar un poco más, sobre todo en cosas relacionadas con delincuencia organizada, pero también hay que darle más recursos tanto a las Fiscalías como a los Poderes Judiciales locales para que tengan capacidad de intervención”.

Con información de Animal Político.