Tras la detención del periodista policiaco, Rafael León Segovia, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a la Fiscalía General de Veracruz que explique el caso del reportero, específicamente por la acusación de terrorismo, la cual asegura no se había usado en México.
“La Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero porque usa este delito que nunca se ha usado en México, segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo, y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que se cometió, pues tiene que aclararlo también la Fiscalía”, expuso.
Añadió que escuchó la declaración de la gobernadora Rocío Nahle, y la Secretaria de Gobernación estuvo en contacto con ella, pero siguen a la espera de que la fiscalía dé más información de este caso.
La gobernadora Nahle, mencionó anteriormente lo siguiente: “Se tiene que aplicar la ley para todos, seamos quien seamos. Esto no va con la libertad de expresión. En Veracruz hemos vivido un año donde perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con exceso, y de parte de mi gobierno no ha habido ni un solo reclamo o señalización”.
León Segovia, periodista en la fuente policiaca con dos decadas de trayectoria, enfrenta cargos por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, posterior a su arresto, su familia denunció públicamente una presunta campaña de hostigamiento en su contra, que culminó con su detención el pasado 24 de diciembre, afuera de su domicilio en el sur de Veracruz.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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