Gobierno federal y de Sonora resuelven conflicto de casi dos décadas en Cananea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la resolución definitiva de dos conflictos sociales de larga data en la entidad: la huelga minera de la Sección 65 en Cananea, que duró 18 años, y la contaminación del Río Sonora, pendiente desde hace 11 años.

Durazo Montaño subrayó que ambos casos permanecieron sin atención efectiva durante administraciones anteriores y que su cierre representa una reparación de agravios acumulados por generaciones.

El acuerdo para la huelga en la mina de Cananea incluye la liquidación correspondiente a más de 651 trabajadores de la Sección 65, poniendo fin definitivo al conflicto laboral que convertía a la localidad en símbolo de disputa activa.

En cuanto al Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, Grupo México aportará  mil 500 millones de pesos al Gobierno Federal, recursos que serán destinados a atender demandas en materia de agua, salud y remediación del suelo.

El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora complementarán el resto para alcanzar un total de 2 mil 222 millones de pesos.El gobernador destacó que el acuerdo reconoce a las comunidades afectadas del Río Sonora como sujetas de justicia ambiental, más allá de un mero apoyo asistencial.

La resolución se logró mediante diálogo institucional y negociación coordinada por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durazo Montaño enfatizó que atender conflictos prolongados evita su reproducción social, económica y política en el territorio, y celebró que Cananea deje de ser un emblema de confrontación laboral para convertirse en un caso resuelto por la vía legal y social.

Este avance, de acuerdo con el gobierno, forma parte de los esfuerzos por cerrar pendientes históricos mediante el diálogo y la justicia social.

Con información de Proceso. 

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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