Sociedad Interamericana de Prensa alerta por persecución judicial contra periodistas en México
El gremio periodístico en México enfrenta un panorama complejo debido al incremento de procesos legales que ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.
Esta tendencia ha encendido las alarmas a nivel internacional, al considerarse que el aparato judicial está siendo utilizado como una herramienta de intimidación para frenar el flujo de información y el cuestionamiento a las instituciones públicas.
De acuerdo con el posicionamiento oficial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la criminalización de la labor informativa representa una amenaza directa para el derecho de la sociedad a estar informada, constituyendo una forma de hostigamiento que afecta el libre ejercicio de la prensa.
Casos recientes en Puebla y Veracruz
La organización con sede en Estados Unidos, destacó situaciones específicas como la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta en Puebla, por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita, en un juicio marcado por irregularidades.
De igual forma, se reportó la imputación de Rafael León Segovia en Veracruz por delitos de encubrimiento y contra instituciones de seguridad relacionados con su cobertura, lo que le valió una medida de resguardo domiciliario por un año.
Esta situación ya es monitoreada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA encargado de promover la defensa de las garantías individuales en el continente.
Denuncian acoso como mecanismo de censura
Pierre Manigault, presidente de la SIP, advirtió en su mensaje que “observamos con inquietud casos que tienden a utilizar el sistema de justicia penal como mecanismo de presión contra periodistas por el contenido de sus publicaciones”.
Subrayó que la libertad de prensa es un pilar democrático y que ninguna acusación judicial debe convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que “las responsabilidades penales nunca deben utilizarse de forma desproporcionada contra quienes informan y exponen hechos de interés público”.
En su mensaje, Ramos exhortó a las autoridades a respetar de manera escrupulosa el debido proceso y la presunción de inocencia, alertando que el acoso judicial se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de censura en diversos estados del país.
Con información de Político.mx
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Registro Nacional de Población integró la leyenda "Persona con reporte de desaparición" en las claves CURP asociadas a fichas de búsqueda activas. }
La medida busca congelar la realización de trámites, evitar la suplantación de identidad por parte de terceros e informar a la Comisión Nacional de Búsqueda ante cualquier movimiento administrativo del ciudadano no localizado.
Al tratarse de una base de datos de competencia federal, la restricción opera en todo el territorio nacional ante dependencias gubernamentales e instituciones financieras.
Si la persona es localizada, deben acudir a reactivar el estatus de su familiar y destrabar trámites pendientes.
Pero, el problema es que mientras el gobierno insiste en presumir baja en homicidios dolosos, en contraste está el incremento de las fichas de investigación por desaparición, el padrón de ausentes sigue aumentando, que no logran mitigar en los discursos.
Colocar la leyenda de desaparecidos en la CURP no resuelve la búsqueda.
En Morena aun no se definen, en el PAN ya tienen "candidato"
Rumbo a la gubernatura en Chihuahua, en Morena, sigue sin definirse quién encabezará el proyecto en la entidad entre la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dos figuras clave en el estado.
Mientras que en Acción Nacional parece encaminarse hacia la unidad con Marco Bonilla, quien en su informe registró un notable respaldo por parte de la estructura y figuras del panismo estatal.
En ambos institutos políticos andan en precampaña abierta y estructuras en el territorio, lo que pone bajo cuestionamientos el papel de las autoridades electorales locales ante el adelanto proselitista de los aspirantes.
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