
El gremio periodístico en México enfrenta un panorama complejo debido al incremento de procesos legales que ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.
Esta tendencia ha encendido las alarmas a nivel internacional, al considerarse que el aparato judicial está siendo utilizado como una herramienta de intimidación para frenar el flujo de información y el cuestionamiento a las instituciones públicas.
De acuerdo con el posicionamiento oficial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la criminalización de la labor informativa representa una amenaza directa para el derecho de la sociedad a estar informada, constituyendo una forma de hostigamiento que afecta el libre ejercicio de la prensa.
La organización con sede en Estados Unidos, destacó situaciones específicas como la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta en Puebla, por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita, en un juicio marcado por irregularidades.
De igual forma, se reportó la imputación de Rafael León Segovia en Veracruz por delitos de encubrimiento y contra instituciones de seguridad relacionados con su cobertura, lo que le valió una medida de resguardo domiciliario por un año.
Esta situación ya es monitoreada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA encargado de promover la defensa de las garantías individuales en el continente.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, advirtió en su mensaje que “observamos con inquietud casos que tienden a utilizar el sistema de justicia penal como mecanismo de presión contra periodistas por el contenido de sus publicaciones”.
Subrayó que la libertad de prensa es un pilar democrático y que ninguna acusación judicial debe convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que “las responsabilidades penales nunca deben utilizarse de forma desproporcionada contra quienes informan y exponen hechos de interés público”.
En su mensaje, Ramos exhortó a las autoridades a respetar de manera escrupulosa el debido proceso y la presunción de inocencia, alertando que el acoso judicial se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de censura en diversos estados del país.
Con información de Político.mx