Exigen pena máxima por el feminicidio de Cecilia Monzón en Puebla
Integrantes de colectivos feministas y de derechos humanos acudieron al Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, en la capital poblana, para exigir la pena máxima de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, así como contra Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, cometido el 26 de mayo de 2022.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, Javier López Zavala fue hallado responsable en grado intelectual al proveer los recursos materiales y las facilidades para que los otros dos hombres interceptaran a Cecilia Monzón sobre el Camino Real a Cholula y le dispararan hasta en siete ocasiones. Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político priísta, y Silvestre Vargas Ramírez, identificado como sicario originario de Veracruz, participaron de manera directa en el ataque armado.
La abogada Helena Monzón, hermana de la víctima, informó que la audiencia se desarrolló sin dilaciones, se desahogaron los alegatos de clausura y el tribunal colegiado determinó reanudar la sesión a las 13 horas de este miércoles para concluir la fijación de la pena. Reiteró que desde el inicio del juicio oral, celebrado en abril, la exigencia de la familia y de los colectivos ha sido la pena máxima de 60 años de prisión.
Helena Monzón sostuvo que la sentencia condenatoria dejó acreditada la responsabilidad del ex secretario de Gobernación durante la administración de Mario Marín, quien permanece preso por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. En el juicio, dijo, quedó probado el uso de un arma de fuego calibre nueve milímetros con munición expansiva. “La intención era matar, no hay duda de ello; la pena debe fijar un precedente para las mujeres de este país”, afirmó.
Tips al momento
La carretera donde manda el miedo
No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día.
Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.
Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche.
El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
Tips al momento
La carretera donde manda el miedo
No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día.
Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.
Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche.
El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
