Presenta Juan Carlos Loera iniciativa para eliminar prescripción de delitos sexuales

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con la que se busca  eliminar la prescripción de los delitos sexuales. Esta medida tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia para las personas víctimas de violencia sexual y combatir de manera efectiva la impunidad que persiste en estos casos.

“El planteamiento que someto a consideración surge de una realidad persistente y documentada: la enorme distancia que existe entre la violencia sexual que se comete en nuestro país y la posibilidad real de que las víctimas accedan a la justicia”, explicó el legislador. 

Durante décadas, agregó, el marco normativo ha permitido que el paso del tiempo opere como una barrera definitiva para investigar, perseguir y sancionar estos delitos.

La propuesta sugiere adicionar un segundo párrafo al artículo 113 del Código Penal Federal, estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de naturaleza sexual. Se reconoce que el simple paso del tiempo no debe ser un obstáculo para que las víctimas puedan denunciar y obtener justicia. 

El senador Loera argumenta que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales permitirá a las víctimas ejercer la acción penal cuando se sientan preparadas, sin la presión de plazos legales que favorecen la impunidad.

Además, la reforma busca armonizar el marco jurídico federal y exhorta a las entidades federativas a adecuar sus legislaciones, garantizando una protección efectiva de los derechos de las mujeres.

En la Exposición de Motivos se explica que la prescripción es una figura jurídica que extingue la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo, bajo el principio de seguridad jurídica. Sin embargo, al aplicarse a los delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra mujeres, esta figura genera un efecto desigual que beneficia a los agresores y vulnera el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.

“La prescripción ha significado que el silencio forzado fuera premiado y que la espera se convirtiera en estrategia de impunidad”, argumentó Juan Carlos Loera.

El documento enfatiza que los delitos sexuales suelen ocurrir en contextos de intimidad, abuso de confianza o subordinación, causando profundas secuelas físicas, psicológicas y sociales. Factores como el miedo, la vergüenza, la dependencia emocional o económica, la estigmatización social y la desconfianza en las instituciones dificultan que muchas mujeres denuncien de inmediato. Esto provoca que, al vencer los plazos legales, los agresores queden en la impunidad.

La iniciativa detalla un amplio catálogo de delitos sexuales contemplados en el Código Penal Federal, que incluye el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación, la violación equiparada, la pornografía infantil, la pederastia, el turismo sexual, la violación a la intimidad sexual, el ciberacoso, el lenocinio, el feminicidio y otros delitos que atentan contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.

Actualmente, el promedio de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra mujeres es de aproximadamente 12 años, siendo seis años el plazo más común. Este período se considera insuficiente, dado el contexto físico, emocional y social que enfrentan las víctimas para denunciar.

De acuerdo con datos oficiales, los delitos sexuales ocupan uno de los primeros lugares en violencia contra las mujeres en México, presentando una cifra negra alarmante: más del 99% de estos delitos no son denunciados. Esta realidad evidencia un problema estructural y una forma de violencia institucional que revictimiza a las mujeres.

La iniciativa fue turnada para su análisis y discusión a comisiones del Senado, como parte de los esfuerzos legislativos para avanzar hacia una vida libre de violencia y asegurar que los delitos sexuales no queden impunes.

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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo 

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.

En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores. 

Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.

Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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