Alertan por la configuración de “un peligroso escenario para la democracia" en Mexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de medio centenar de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y académicos, alertaron sobre la configuración de “un peligroso escenario para la democracia y el ejercicio de los derechos en México”, en un informe sombra dirigido al Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Titulado “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos”, el documento fue girado al CCPR, por sus siglas en inglés, en el contexto de la próxima supervisión de México en el cumplimiento de ese convenio internacional, a llevarse a cabo en su Sesión 14, entre el 2 y el 19 de marzo próximos, en la sede del comité en Ginebra, Suiza.

Tras hacer un recuento de los informes de mecanismos especiales de Naciones Unidas en los que se ha constatado la persistencia de “violaciones generalizadas a los derechos humanos” en México, las organizaciones sociales abordaron temas que consideraron de preocupación ante la aprobación de “una serie de leyes y reformas que menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, tres elementos fundamentales para una democracia sana”.

Para las organizaciones firmantes del informe sombra, “el riesgo con estos cambios sistémicos radica en abrir las puertas a un régimen autoritario que puede llegar a cristalizar en una próxima reforma electoral, ahora en proceso, que bajo esta tendencia atente contra una representación política plural y efectiva”.

En el documento se enlistan las modificaciones legislativas aprobadas durante el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primero del de Claudia Sheinbaum, “a partir de una sobrerrepresentación política en el Congreso de la coalición en el poder, cuestión que ha reducido drásticamente los incentivos para el debate público y la deliberación democrática”, lo que ha generado “condiciones sistemáticas para el abuso de poder y el autoritarismo”.

Las organizaciones hicieron una revisión sobre la reforma al amparo; la vigilancia digital; la militarización; los ataques a la libertad de expresión; el aumento en el uso y abuso e la prisión preventiva oficiosa; los malos tratos y tortura que sufren los internos del sistema penitenciario, así como los abusos contra las personas migrantes a su paso por México.

A ello se suma la revisión sobre la reforma del poder judicial; la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y protección de datos personales y el deterioro institucional a los pesos y contrapesos democráticos, así como la falta de rendición de cuentas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la continua impunidad “ejemplificada en la rendición generalizada de personas”.

“La impunidad traducida en aquiescencia ha permitido la corrupción, la masificación de la violencia y el crecimiento desmedido del crimen organizado, que actualmente controla vastos territorios del país desplazando al Estado de derecho”, destaca el informe entregado al CCPR el pasado 6 de enero.

En relación a la reforma judicial, las organizaciones hacen una revisión desde que el 5 de febrero de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó distintas iniciativas, entre ellas la de renovación del Poder Judicial a través del voto, pasando por todas las inconsistencias que llevaron a la elección del 1 de junio de 2025, al que sólo acudieron el 13% de los electores inscritos en el padrón electoral, hasta llegar a los efectos tangibles del ese proyecto.   

Para las organizaciones, “la elección de jueces federales y locales (en 19 entidades), en realidad no eligió la ciudadanía, sino el partido en el poder que hizo la selección de personas candidatas y aún la elección mediante la operación acordeón”, convirtiéndose en la antesala de “una pérdida de calidad electoral que implica un riesgo de replicarse en el futuro”.

Advirtieron que uno de sus efectos esta en el sistema penitenciario, ya que “entre enero y octubre de 2025, los ingresos a prisión superaron ampliamente los egresos, provocando un incremento de casi 20 mil personas: la población penitenciaria pasó de 235 mil 197 personas a 255 mil 190, un aumento de 8.5% en a penas nueve meses”.

El informe resalta que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se llevaron a  cabo las reformas legislativas y constitucionales que le han permitido a las Fuerzas Armadas aumentar en 100% y en 174% el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, respectivamente, entre 2018 y 2024,  dependencias que administran 19 aeropuertos y 15 empresas de participación estatal mayoritaria, creadas entre 2019 y 2023, desempeñando “funciones de seguridad pública, administración de aduanas, construcción de megaproyectos, control migratorio y gestión de  empresas públicas como hoteles, entre varias otras”.

A la par del incremento de presupuestos y funciones, las Fuerzas Armadas también vieron incrementado las quejas por violaciones a derechos humanos, la falta de transparencia y la corrupción.

De acuerdo a  datos oficiales, entre 2020 y 2023, la Guardia Nacional acumuló mil 816 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la Sedena sumó mil 664 quejas, mientras que “las secretarías de Marina y Defensa se niegan sistemáticamente a transparentar información sobre su uso e fuerza o incluso a brindar datos abiertos sobre su integración”.

A ello se suma el reconocimiento del actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la participación de integrantes de la institución “en esquemas de fraude fiscal asociados al contrabando de combustible”.

El informe de la sociedad civil hace un especial énfasis en la impunidad y las desapariciones en el país, de acuerdo a cifras oficiales.

Así, se advierte que, de según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2025, “93.2% de los delitos no son enunciados ni investigados por las autoridades”, mientras que “sólo ocho de cada mil casos (0.8%) tuvieron resolución por parte de las autoridades”.

En cuanto a las desapariciones de personas, las organizaciones civiles destacaron que hasta diciembre de 2024 se registraron oficialmente 133 mil personas desaparecidas; 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses; había 373 sentencias por desaparición forzada y cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025; el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) había emitido 773 acciones urgentes para México, mientras que la frecuencia de las desapariciones ha crecido casi al doble, pues mientras “en el año 2024 ocurría a un ritmo de 26 al día, en el primer semestre de 2025 ha  aumentado a más de 45 personas diariamente”.

En materia de libertad de expresión, México sigue siendo uno de los países con mayor letalidad, pues de 2000 a la fecha se documentaron 175 asesinatos de periodistas, ocho de ellos durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en tanto que de 2003 a la fecha se registraron 31 desapariciones de comunicadores, 15 de ellos durante el sexenio de Felipe Calderón.

Las organizaciones sociales destacan como preocupante el acoso judicial, agresión que en los primeros siete meses de 2025 registró 51 casos, implicando a 39 periodistas y 12 medios de comunicación, lo que “refleja un uso faccioso en el marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En el informe se alerta sobre agresiones dirigidas hacia mujeres periodistas durante los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación,  mil 189 registradas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y 385 en la actual administración de Claudia Sheinbaum.

Ante el complejo panorama, las organizaciones solicitaron al CCPR dirigir recomendaciones a México en torno a once puntos primordiales, relacionados con la ley de amparo y la progresividad de derechos; la autonomía y contrapesos institucionales; la rendición de cuentas de autoridades y partidos políticos; la regulación militar en seguridad pública; derechos humanos y fuerzas armadas.

Asimismo, piden que se haga recomendaciones a México sobre la prevención de tortura y supervisión penitenciara; sobre la cooperación internacional en materia de desaparición forzada; la eliminación de prisión preventiva oficiosa; la protección de datos personales; la participación de la sociedad civil, así como la instauración de una política migratoria con enfoque humanitario.

El documento fue elaborado por organizaciones expertas en diferentes áreas, como Artículo 19; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Comunicación e Información de la Mujer; Consultora Solidaria; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Intersecta, Organización para la Igualad AC; Manifiesta Tu Ciudadanía; México Evalúa, así como la académica Elena Azaola.

Al documento, coordinado por Consultora Solidaria, se sumaron decenas de organizaciones sociales y activistas, entre ellas Casa del Migrante de Saltillo-Frontera con Justicia; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entre otros, así como expertos como Santiago Corcuera, Clara Jusidman, Michael Chamberlin, entre otros.

Con información de Proceso.