
CULIACÁN, Sin., (apro) .- En Sinaloa se acumulan al menos 80 muertes violentas durante la primera mitad del mes, sin embargo, durante el inicio de año, de las muertes acumuladas, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta únicamente a 65 de ellas como homicidios dolosos.
Esta cifra contrasta con la versión de una disminución en estos delitos en Sinaloa, ya que al menos el 20% de muertes violentas en Sinaloa no aparecen en la estadística oficial.
La cifra sale del reporte diario de la FGE en donde incluyen en ese lapso el hallazgo en siete ocasiones de restos óseos, decesos que no se incorporan a carpetas de investigación por homicidio de este enero.
En Sinaloa, el registro y consulta de restos óseos y personas fallecidas no identificadas se gestiona a través de la FGE y del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH), que se encuentra ante una falta de equipo especializado para la identificación de los cuerpos en resguardo, según versiones del colectivo de búsqueda en Culiacán Sabuesos Guerreras AC.
La violencia en Sinaloa ha dejado también cuatro feminicidios y el asesinato de dos funcionarios de Culiacán, con los asesinatos del director de tránsito Francisco Javier Zazueta Lizárraga y de la comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime Corrales Gutiérrez.
Con información de Proceso.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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