Gobierno federal minimiza advertencia emitida por EU de operaciones militares en espacio aéreo mexicano
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que la alerta que emitió Estados Unidos para las aerolíneas por posibles acciones militares en México y otros países de Latinoamérica no constituye una prohibición, sino una acción preventiva.
En un comunicado en redes sociales, el gobierno federal aseguró que no existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos.
“La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional, y mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos”, cita el comunicado.
Este viernes, Reuters reportó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) pidió "tener precaución" en el espacio aéreo de México y países del sur por actividades militares a efectuarse, así como por la interferencia de los sistemas de navegación.
La alerta se presenta a unas horas de que el gobierno de Estados Unidos exigiera a México resultados tangibles en el combate contra el narcotráfico, así como las advertencias del presidente de Estados Unidos de atacar a cárteles por tierra.
Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, tuvieron una llamada telefónica para discutir el combate al narcotráfico y la seguridad en la frontera.
En el encuentro la administración de Trump pidió resultados concretos y verificables contra el “narcoterrorismo”.
El Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos no acepta avances graduales en los desafíos de seguridad fronteriza. Por lo que exigió “resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo".
Con información de: LatinUs.
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FGE, el salvavidas de Geo Bujanda
Esta tarde trascendió un movimiento que, aunque discreto en la forma, dice mucho del fondo: el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, habría “rescatado” políticamente a la exdiputada local Geo Bujanda, quien desde hace meses se encontraba fuera del radar público tras su fallido intento por presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos…
Y es que vale la pena recordar que apenas el año pasado Bujanda se veía ya despachando como ombudsman chihuahuense, sin embargo, la realidad política fue otra, pues en dos rondas de votación, los doce diputados de Morena optaron por anular su voto, bloqueando de manera efectiva su llegada a la CEDH…
Desde entonces, la exlegisladora desapareció del reflector, no hubo posicionamientos, ni intentos de revancha pública, ni nuevos proyectos visibles solo se le veía en eventos políticos sentada entre la multitud y no entre los destacados, su nombre quedó asociado a un proceso que terminó en un rotundo fracaso político, del cual no todos logran levantarse y es ahí cuando se necesita de una mano amiga dispuesta…
Habrá que ver si este nuevo encargo le permite a Geo Bujanda recomponer su trayectoria o si, por el contrario, confirma que en política no basta con ser rescatado: también hay que saber nadar porque en Chihuahua, como bien se sabe, los rescates políticos siempre tienen factura…y alguien termina pagándola…
El “grupo Tabasco” en la mira por promociones anticipadas
En 2024, Ricardo Monreal denunció que sus compañeros en la interna presidencial de Morena rebasaron por mucho los topes de gastos.
Se permitían 5 millones de pesos por aspirante, tan solo a Adán Augusto López, el INE le contabilizó 1,350 anuncios callejeros con un valor estimado de 15.5 millones de pesos.
Otro ejemplo vivo es el de la senadora Andrea Chávez quien en su adelantada carrera por Chihuahua, se estima una inversión de al menos 4 millones de pesos únicamente en pauta digital. A esto se suman giras constantes por el estado, las caravanas médicas, la entrega de electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.
Aunque la ley prohíbe explícitamente estos actos anticipados y el uso de recursos de dudosa procedencia, ni Morena, ni las autoridades electorales han intervenido.
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