Impulsan iniciativa para incrementar pena de prisión a quien secuestre a una niña o niño menor de tres años

La diputada María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN) presentó una modificación a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a fin de que cuando la víctima de secuestro sea una niña o niño menor de tres años de edad, la pena (que actualmente es de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa) se incremente hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo. 

Lo anterior, indica la reforma al artículo 10 de dicha ley, en razón de la alta peligrosidad del acto y la extrema indefensión de la víctima. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia. 

Señala, en su exposición de motivos, que el secuestro es una de las actividades ilícitas más graves y lacerantes para la sociedad mexicana, debido en gran parte a que no afecta solo a la víctima directa sino a sus familiares y entorno inmediato. 

Y --agrega-- resulta aún más riesgoso este delito cuando es cometido durante la primera infancia, especialmente en la etapa comprendida entre los cero y tres años, la cual es de crucial importancia en el desarrollo físico y mental de las y los menores, además de que necesitan en todo momento la presencia de sus padres.

En esa etapa de la vida, el apego es de gran relevancia y va más allá de una cuestión meramente emocional, ya que en ese momento del desarrollo existen requerimientos como los cuidados preventivos, revisiones médicas, vacunación o vigilancia nutricional y, sobre todo, la necesidad biológica de la lactancia, subraya.

Resalta que, aunado a dichas necesidades, cuando las y los menores son sometidos a tratos violentos o hechos traumáticos como un secuestro, suelen experimentar secuelas durante el resto de sus vidas.

Menciona que según expertos las personas expuestas a edad temprana al trauma y al estrés crónico tienen una mayor probabilidad de padecer trastornos de ansiedad, depresión, diabetes, problemas de salud mental, adicciones y obesidad.  

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de cada 10 secuestros registrados en México, de enero de 2015 a diciembre de 2024, ha tenido como sus víctimas a niñas, niños y adolescentes, precisa.  

Por ello, destaca se necesita modificar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para que quien cometa “tan deleznable acto tenga una sentencia aún mayor”.

Tips al momento

Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo 

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.

En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores. 

Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.

Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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