Fiscal de Veracruz defiende la acusación de terrorismo contra periodista

XALAPA, Ver. (apro).- En su comparecencia ante el Congreso, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, rechazó que la Fiscalía General del Estado se haya equivocado al intentar imputar el delito de terrorismo al periodista de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, y negó que exista persecución contra comunicadores o algún sector profesional. 

La funcionaria intentó deslindarse al asegurar que la Fiscalía no gira órdenes de aprehensión, sino que es el juez el único calificado para detener a una persona para que responda por un hecho específico. Sin embargo, no aclaró que las órdenes de captura que emite el juez se basan en acusaciones que formula la propia Fiscalía. 

"Quiero puntualizar que la Fiscalía no emite órdenes de aprehensión. Eso le corresponde a un juez. La orden es solamente un medio para presentar a una persona ante la autoridad judicial", expresó. 

Agregó que es el juez el que, al momento de dictar el auto de vinculación a proceso, define con precisión el delito por el cual continuará el procedimiento penal, por lo que rechazó que exista un error de la Fiscalía en la integración inicial del caso. 

En el caso específico del periodista Rafael León Segovia, precisó que quedó vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, además de que se le impuso una medida cautelar consistente en arresto domiciliario por un año. 

"Ahí quedó muy claro por qué delitos fue vinculado y cuál fue la medida cautelar que se le fijó, por la cual continúa sujeto al proceso. No se persigue a personas, sectores, grupos ni profesionales, mucho menos a periodistas o comunicadores", dijo.  

Periodista asesinado en Poza Rica  

A 45 días de haber asumido el cargo, Jiménez Aguirre acudió al Congreso como parte de las obligaciones de organismos autónomos.  

Ahí también habló del asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica. La fiscal informó que se abrieron dos carpetas de investigación de manera paralela, una a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y otra por parte de la Fiscalía Regional de Poza Rica por delitos diversos. 

Añadió que el proceso ha enfrentado dificultades técnicas, principalmente en el análisis de información telefónica: "Hemos tenido algunos retos en temas de telefonía. No es tan sencillo desbloquear equipos para obtener datos, eso requiere procedimientos especializados", explicó. 

Indicó que por el momento no es posible revelar cuáles son las líneas de investigación, pero garantizó que se están agotando todas las posibilidades para esclarecer el crimen. 

Exámenes de control y confianza 

La fiscal informó también que en febrero presentará su examen de control de confianza, cuyo resultado será público, al tratarse de un requisito legal indispensable para continuar en el cargo.  

"Es un requisito de ley para poder continuar en el encargo; si no hay un resultado positivo, no puedo seguir", afirmó. 

Recomendaciones de organismos de derechos humanos 

La titular de la Fiscalía General del Estado señaló que las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos serán revisadas de manera individual, al considerarlas una oportunidad para corregir fallas institucionales y, en su caso, sancionar a servidores públicos responsables de omisiones. 

Aclaró que no puede explicar las razones por las que en administraciones anteriores se rechazaron recomendaciones, ya que no se trata de hechos propios. 

Hay que recordar que, en 2025, durante la gestión de la exfiscal Verónica Hernández Giadáns, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 15 llamados de atención a la Fiscalía de Veracruz por el rechazo de recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, en su mayoría por dilaciones en carpetas de investigación de personas desaparecidas. 

"No podría esclarecer por qué se rechazaron las recomendaciones, porque no son hechos propios; lo que sí puedo manifestar es cuál va a ser mi postura respecto a las recomendaciones tanto de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional", sostuvo. 

Detalló que al asumir el cargo aceptó dos recomendaciones de la CNDH y una de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, relacionadas con investigaciones por desaparición de personas y actos de tortura. Añadió que estos casos permiten identificar fallas en los procesos y fortalecer controles internos y esquemas de capacitación. 

Caso UPAV y detenciones 

En relación con las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), la fiscal afirmó que las indagatorias no se limitan a tres personas detenidas en días pasados –entre ellos el ex rector– y que existen otros implicados, cuyos nombres no pueden hacerse públicos debido a la secrecía de las investigaciones. 

Durante su comparecencia, detalló que a exservidores públicos vinculados al caso se les imputaron delitos como ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y peculado, todos relacionados con el incumplimiento del deber legal. 

"Hay otros implicados, pero para garantizar el éxito de las investigaciones debemos guardar reserva", señaló. 

Cártel inmobiliario  

Jiménez Aguirre confirmó que existen denuncias por presunta colusión entre jueces, notarios, servidores públicos y exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad en casos de despojo de bienes inmuebles en Veracruz.  

Durante su comparecencia, explicó que las carpetas de investigación se iniciaron a partir de denuncias presentadas por víctimas que señalan una coordinación entre distintos actores para despojar a familias de su patrimonio. 

Tras el análisis de las denuncias, la Fiscalía ha identificado una misma mecánica de actuación, lo que ha permitido comenzar a detectar patrones, beneficiarios y posibles responsabilidades penales.  

Señaló que existen denuncias dispersas contra notarios, jueces, exjueces y servidores públicos, pero que actualmente se trabaja en integrar la información de manera conjunta para tener una visión completa de los casos. 

 

 

 

Con información de: Proceso.

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Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos 

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Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos. 

No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791. 

A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad. 


Pretende UACH vender rancho agrícola 

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado. 

Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo. 

Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola. 

Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público. 


Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH

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En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado  para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.

Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.

De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.

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