El matrimonio civil frente al principio de igualdad 

Menos mal que ya estamos en 2026… porque, si fuera por ciertos sectores, más de uno ya estaría en la hoguera. La escena tendría un aire a la Inquisición, que pensábamos superada.

Insisto: afortunadamente vivimos en 2026, aunque a veces, luego de toparse con ciertas formas de pensar, uno tiene que revisar el calendario para confirmarlo.

La discusión en el H. Congreso del Estado sobre reformar la legislación civil para permitir la unión de personas del mismo sexo no es un tema de ayer ni de hoy; sin embargo, debido a la coyuntura política, existe una gran posibilidad de que vea la luz.

En esta discusión se ha recordado constantemente que el Código Civil de Chihuahua aún define el matrimonio como la unión “entre un hombre y una mujer”, y se dice —con tono alarmado— que es “lo natural, primario y necesario” para preservar la especie humana. Cualquiera pensaría que permitir que dos personas del mismo sexo se casen va a provocar la extinción instantánea del Homo sapiens.

Al parecer, en esta lógica apocalíptica, dos mujeres o dos hombres casándose tendrían el más alto poder destructivo que la historia ha visto.

Ni hablar de la familia tradicional, que —nos advierten— quedaría “débil” y “disfuncional” por el simple hecho de que al vecino se le ocurrió amar y comprometerse con alguien de su mismo sexo.

Caray, es casi un cumplido para la comunidad LGBTQ+ que se les atribuya la capacidad de desmantelar instituciones milenarias con solo ejercer un derecho que, por cierto, aquí sigue siendo tabú, pero que en el mundo y en gran parte del país es un tema superado (derechos humanos, les dicen algunas personas iluminadas).

Ya hablando en serio, en México lo que sí está escrito —y no precisamente por la naturaleza, sino por nuestro derecho vigente— es el principio de igualdad y no discriminación.

La Constitución prohíbe cualquier discriminación por motivos de sexo o género y, desde 2011, elevó los tratados internacionales de derechos humanos al rango de ley suprema. Traducido al tema que nos ocupa: negar el matrimonio a alguien por su orientación sexual es tan incompatible con la Constitución como lo sería negárselo por su origen étnico o religión.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional cerrar las puertas del matrimonio a parejas del mismo sexo, al considerar que esa exclusión viola el principio de igualdad y la no discriminación que garantiza nuestra Carta Magna.

Es decir, hace más de diez años que legalmente se sabe que el “hombre-mujer” del Código Civil chihuahuense es letra muerta. De hecho, Chihuahua se adelantó en la práctica: desde 2015 el gobierno estatal permite matrimonios igualitarios —sin amparo— apoyándose en resoluciones judiciales, aunque el Congreso local siga sin actualizar la ley.

En otras palabras, la realidad ya cambió, aunque el librito no se haya reescrito. 

Las familias de mamá, papá e hijos siguen existiendo; ninguna desapareció porque, al fin, sus familiares, hijos, conocidos, colaboradores o vecinos gay pudieron casarse.

En el mundo, en México y en Chihuahua se vive cada día con familias diversas y tradicionales conviviendo sin mayor conflicto.

Entonces, ¿por qué el dramatismo? Se dice que redefinir el matrimonio destruirá a la familia, a la sociedad, ¡a la nación entera! Me pregunto si no estaremos dándole demasiado crédito a un acto de justicia…

La mayoría de los estados de México ya reconocen el matrimonio igualitario y, sorpresa, México no se ha caído a pedazos (al menos no por ese tema).

Las semanas pasadas, la Comisión de Igualdad del Congreso local dio un paso importante al aprobar en comisiones un proyecto de dictamen para reconocer el matrimonio igualitario.

Dichas iniciativas buscan simplemente armonizar nuestras leyes estatales con la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Básicamente, cumplir la ley superior y ponerse al día con la realidad. ¿Eso es “destruir” Chihuahua? Curioso concepto de destrucción, por decir lo menos.

Vale la pena recordar lo obvio: ampliar derechos no quita derechos a nadie.

Se trata de que el Estado —la esfera civil, laica— trate con justicia y respeto a todos sus ciudadanos por igual. Tan sencillo e importante. Lo otro —el amor, la religión, las tradiciones familiares— queda en la soberanía de cada conciencia.

Es comprensible que a algunos les cueste aceptar cambios sociales; todos venimos de algún contexto, ideas y creencias. Pero de ahí a pintar el avance en derechos humanos como un “movimiento de muerte” me parece muy osado.

Si algo afecta hoy a las familias, son problemas muy tangibles: la violencia, la falta de oportunidades, la desintegración… El sexo de quienes se casan no figura en la lista de amenazas (de verdad, de verdad…).

La historia nos enseña que la familia ha tenido muchas formas a lo largo de los siglos. Hubo épocas en que el matrimonio era un contrato de conveniencia económica; épocas en que se prohibían matrimonios entre personas de distinta raza; épocas en que la mujer era poco más que propiedad del marido.

Es decir, las instituciones evolucionan con la sociedad. Hoy entendemos que el matrimonio, en esencia, es un acuerdo de voluntades para hacer una vida en común con amor y respeto. ¿No encajan perfectamente dos hombres o dos mujeres en esa definición? En lo personal diría que sí, y muchos jueces y legisladores en México coinciden.

Curiosamente, fue en el siglo XVIII —ese al que algunos parecen aferrarse cuando les conviene— cuando filósofos y juristas empezaron a hablar en serio de derechos universales y tolerancia.

Si vamos a citar épocas pasadas, recordemos que desde 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó que “todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Tres siglos después, seguimos en las mismas: peleando porque esa igualdad se aplique de verdad a todos.

Vivimos en un Estado laico donde las leyes civiles conviven con las creencias religiosas sin que unas se impongan sobre las otras. Por eso es tan valioso el respeto a la pluralidad: significa que en Chihuahua cabemos todos.

Cada quien puede regir su vida privada según sus ideas; lo que no puede hacer es negar la humanidad y la igualdad jurídica del prójimo.

En lugar de rasgarnos las vestiduras por un cambio que reconoce derechos sin meterse con nadie más, podríamos enfocar energías en problemas reales que sí destruyen familias: la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de educación.

Es ahí donde debería estar la indignación.

Termino con una invitación respetuosa, de ciudadano a ciudadano: abramos el diálogo sin radicalismos ni apocalipsis.

Al final del día, todos queremos lo mismo: familias fuertes, comunidades unidas y un Estado donde nadie se quede fuera. En esa misión cabemos todos —sin excepción, sin discriminación y sin tener que viajar, cuando menos, tres siglos al pasado.

Desde aquí expreso todo mi respeto y admiración a las personas que participaron activamente en las mesas técnicas de la Comisión; a las legisladoras valientes, coherentes y que, más allá de sus afiliaciones, velan por los derechos.

Al Pleno: tiene la oportunidad de hacer historia, en cualquiera de sus sentidos.

Mtro. Mario Sías Aguilera