
No solo los ministros buscaron la manera de adquirir vehículos con presupuestos millonarios, si no que el Órgano de Administración Judicial adquirió más de 500 unidades con un presupuesto de más de 200 millones de pesos, lo que pasó desapercibido.
Y es que tras salir a la luz la compra de nueve camionetas blindadas para los ministros, mismas que provocaron reacciones en medios de comunicación, se quedó en anonimato el arrendamiento de 571 autos con un gasto de 252 millones de pesos, lo que sucedió a finales del 2025, el mismo Órgano de Administración confirmó la compra, la que justificó con rebajar el costo para mantener estos vehículos, ya que anteriormente se arrendaban y por 445 autos con los que contaban los tribunales, se gastaban 366.2 mdp.
“Ante este escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF. Esta inversión equivale al 68.8 por ciento del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en los años 2026 al 2028”, se compartió a los medios de comunicación.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
