Quién tiene que ver, la tiene que pagar; hubo tortura en el gobierno de Corral: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró que se comprobó que durante el gobierno anterior se cometieron actos de tortura, luego de la orden emitida por un Tribunal Colegiado Federal para investigar al exconsejero jurídico de la administración de Javier Corral por presuntos actos de extorsión y amenazas en perjuicio de exfuncionarios y sus familias.

“Se ha demostrado que hubo tortura en el gobierno de Javier Corral, para que justamente el gobierno del Estado, en su momento, pudiera obtener testimoniales e incluso algunos documentos con los cuales sancionar y encarcelar a muchos funcionarios del gobierno de César Duarte”, afirmó.

Agregó que no defiende absolutamente a nadie y subrayó que “quien tiene que ver, por supuesto que la tiene que pagar”, aunque reconoció que el debido proceso y la presunción de inocencia fueron violados en diversos momentos, lo cual, dijo, está demostrado mediante el Protocolo de Estambul.

Asimismo, recordó que al menos seis personas que fueron juzgadas de manera indebida sufrieron actos de tortura durante el gobierno de Javier Corral.

El día de ayer se emitió el siguiente comunicado:

TRIBUNAL COLEGIADO FEDERAL ORDENA A FGE INVESTIGAR AL EX CONSEJERO JURÍDICO DE JAVIER CORRAL Y A SU SOCIO POR EXTORSIÓN 

La Fiscalía General del Estado (FGE) había archivado la carpeta de investigación y determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Carlos Emmanuel A., conocido como “El Meño”, y Maclovio M. Ch., quien se desempeñó como Consejero Jurídico durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, a pesar de haber sido denunciados por actos de extorsión y amenazas en perjuicio de un exfuncionario y su familia.

Este día, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito dio a conocer la resolución del Amparo en Revisión 2055/2024, promovido por el abogado Irving Anchondo Valdéz, mediante la cual ampara y protege a su representado y a su familia, ordenando dejar sin efectos la determinación emitida por un Juez de Distrito que había validado la decisión del Ministerio Público de la FGE.

Con esta resolución, el Tribunal Colegiado revoca el no ejercicio de la acción penal y ordena reabrir la investigación, al considerar que existen elementos suficientes para que la Fiscalía investigue los hechos denunciados en contra de Carlos Emmanuel A. (alias “El Meño”) y de Maclovio M. Ch., quien habría participado en los hechos de extorsión en su calidad de funcionario público, durante su encargo como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Chihuahua, lo cual es un agravante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 376 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito de extorsión contempla penas de entre 15 y 40 años de prisión, es imprescriptible y no permite beneficios como prisión en modalidades especiales, libertad anticipada, condena condicional, sustitución de sanciones o cualquier otro beneficio preliberacional.

“La resolución del Tribunal Colegiado Federal confirma que la persecución emprendida en contra de exfuncionarios, familiares y particulares no constituyó una operación de justicia para Chihuahua, sino que, conforme a los hechos acreditados, respondió a un esquema de extorsión, hoy reconocido y validado por una instancia federal” afirma Anchondo. 

Haciendo uso del nombre y la investidura del entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y aprovechando que ambos eran socios en un despacho jurídico, Carlos Emmanuel A. habría exigido al exfuncionario —quien en ese momento enfrentaba diversos procesos legales— la entrega de seis millones de pesos, bajo la amenaza de abrir nuevas carpetas de investigación y proceder penalmente en contra de su familia, cantidad que no pudo juntar, por lo cual le cumplió todas las amenazas.

De acuerdo con el testimonio del ofendido, Carlos Emmanuel A. lo amenazó de manera verbal durante una visita al CERESO No. 1, donde aseguró contar con información, fotografías y videos que demostraban que su familia estaba siendo seguida y vigilada, con el objetivo de presionarlo para realizar el pago exigido.

La defensa legal informó que, además de solicitar la pena de prisión correspondiente en la audiencia inicial, se promoverá una reparación integral del daño, estimada en un monto cercano a 40 millones de pesos, que incluye honorarios legales, así como la indemnización por el daño material, psicológico y moral causado al afectado y a su familia.

Por respeto al debido proceso y con el objetivo de proteger la integridad y seguridad de la víctima, la defensa reserva el nombre de su representado, quien ha recibido amenazas provenientes de Carlos Emmanuel A. (alias “El Meño”), hechos por los cuales ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.