Exigen renuncia de presidenta honoraria del DIF-Oaxaca por muerte de niñas migrantes en casa hogar

OAXACA, Oax., (apro) .- Desde el Congreso de la Unión, la diputada federal del Partido del Trabajo, Margarita García García, exigió que Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador Salomón Jara Cruz y presidenta honoraria del DIF-Oaxaca, “se vaya a su casa” por su “negligencia institucional” en la muerte de dos niñas migrantes que cayeron en una fosa séptica de la Casa Hogar “Pato”.

La legisladora manifestó que la muerte de dos niñas de escasos seis años, originarias de Haití, “me dan la razón de lo que advertí que, en DIF de Oaxaca, los niños, las niñas y los adolescentes están sufriendo”. 

“Oaxaca hoy pide a gritos que se acabe esta maldita primavera con todos esos funcionarios y funcionarias, gentes voraces, corruptos, cínicos, que lo único que les ha importado es el poder y el dinero y que hoy estamos lamentando la muerte de estas dos niñas”. 

“Por eso hoy, desde esta tribuna, pido a Irma Bolaños, vete a tu casa a hacer negocios de todo lo que ya robaste. Yo creo que esto te da para toda tu vida porque has robado demasiado. Saquen a toda su familia porque la familia no tiene llenadera”. 

Y aunque la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) informó que, con la detención del jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Pato”, suman tres personas a disposición ministerial por fallecimiento de las niñas, organizaciones de la sociedad civil han manifestado su indignación por esta negligencia criminal. 

La Fiscalía precisó que E.J.B.Z. fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente con el objetivo de establecer su grado de responsabilidad en este caso. 

Esta detención se llevó a cabo gracias a los resultados periciales y ministeriales obtenidos el día de ayer así mismo de la aportación de datos suficientes otorgados en la declaración de las personas presentadas y declaradas para establecer hasta este momento los tramos de responsabilidad en el caso. 

“De acuerdo con los datos emanados de los trabajos iniciales, las menores de edad estaban albergadas -junto con su madre- en el centro de transición: las niñas estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna (fosa séptica) dentro del centro de acogida, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida”. 

La institución procuradora de justicia resaltó que ya cuenta con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, trabajos que se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección 

Con esta detención y puesta a disposición, se suma a las dos personas presentadas el 24 de febrero ante la FGEO, como parte de las acciones inmediatas dentro de los procesos de procuración de justicia. 

Las dos niñas (hermanas) de origen haitiano se encontraban albergadas en este espacio, junto con su familia. 

Este caso ha causado indignación en la sociedad civil, pues las conclusiones preliminares apuntan a que el fallecimiento ocurrió debido a omisiones graves en la infraestructura, específicamente la falta de tapas de seguridad en la fosa donde cayeron las pequeñas. 

Ante este contexto, diversas organizaciones de derechos humanos en Oaxaca han manifestado su condena ante estos hechos. 

Yesica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, pidió en sus redes sociales que el Congreso de Oaxaca destituya a la titular de la Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, por su “complicidad”.

Por su parte, la Plataforma de Derechos Humanos a través de un pronunciamiento apunto que la muerte de las dos niñas vuelve a exhibir la grave vulnerabilidad en la que transitan las personas migrantes por el estado. 

“Como en otras ocasiones, la labor de prevención, atención y supervisión de instancias que tiene bajo su resguardo la integridad de niñas, niños y adolescentes queda en entredicho, lo que pone en riesgo y vulnera sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a su integridad, seguridad y sano desarrollo y perpetuando una estructura de estado que permite violaciones sistemáticas” apuntaron. 

De igual forma hicieron un llamado enérgico a la Defensoría para que cumpla a cabalidad con su mandato, y no solo actué emitiendo pronunciamientos cuando existan circunstancias donde es necesaria una intervención oportuna, como la ocurrida en el Albergue para Personas Migrantes “Casa Pato”. 

Y al sistema DIF estatal y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, “les exigimos asumir su responsabilidad de garantizar la protección efectiva de las niñeces que se encuentran en espacios públicos y privados en el estado, y no buscar justificar su inacción con declaraciones en las redes sociales para justificar que cumplen con su labor”. 

Mientras que el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) expresó su “profunda indignación, dolor y rabia ante la muerte de las dos niñas de nacionalidad haitiana”, al tiempo que calificó que en este caso “El Estado falló”. 

Consideran que el “lugar que debía ser un refugio seguro para ellas y su madre se convirtió en el escenario de una tragedia prevenible. El hecho de que hayan caído en una cisterna sin restricción de acceso y sin la vigilancia adecuada -además de haber sido encontradas posteriormente al interior de una fosa séptica-, no es un accidente: es una negligencia institucional y una omisión de cuidados”. 

Por su parte, organizaciones como Calpulli, Consorcio Oaxaca, Espiral por la Vida, Colectiva TADEHNI, EDUCA Oaxaca y el Foro Oaxaqueño del Agua, señalaron que estas acciones no solo vulneran derechos individuales sino también colectivos de las niñeces y adolescencia en tránsito por nuestro estado y con discapacidad, lo cual configura una forma de violencia institucional, entendida como toda acción u omisión por parte de las autoridades que obstaculizan o impide el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

“Ante los señalamientos públicos sobre casos de vulneración a derechos de las niñeces y adolescencias, como sociedad civil sostenemos con firmeza que los intereses o problemas personales o entre grupos de trabajo al interior del DIF-Oaxaca no pueden ni deben anteponerse al interés superior de la niñez”. 

En ese sentido, las organizaciones exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva, transparente, imparcial y con enfoque de derechos de las infancias y adolescencias, que esclarezca los hechos denunciados el 10 y el 24 de febrero del 2026, en los diversos espacios del DIF estatal, que determine responsabilidades legales y se sancione o castigue a los responsables; reparación integral del daño; supervisión externa y permanente en los centros y programas del DIF, con mecanismo claros y transparentes; seguridad y condiciones de vida digna para todas las niñeces y juventudes que viven en el DIF y para quienes se encuentren en tránsito por el estado de Oaxaca. 

Finalmente, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, manifestaron “nuestra indignación ante la lamentable tragedia ocurrida en el albergue: Casa Pato del DIF Oaxaca, donde dos niñas migrantes haitianas perdieron la vida, lo que evidencia la violencia institucional a la que están expuestas las niñas estando bajo su resguardo”. 

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalamos la gravedad de la violencia institucional, que son quienes deben garantizar protección y cuidado, han mostrado negligencia y omisiones que deben ser sancionadas. 

Exigieron: “Justicia efectiva y rendición de cuentas de las autoridades responsables; que los albergues sean espacios seguros, con protocolos claros y supervisión efectiva y las políticas públicas que prioricen la vida y dignidad de mujeres y niñas migrantes”. 

 

 

Con infromación de: Proceso.

Tips al momento

Hasta ayer 100 familias habían abandonado Atascaderos

Fuentes de confianza al interior del CEAVE confirmaron que, hasta el día de ayer, al menos 100 familias habían abandonado la comunidad de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo, tras el aumento de enfrentamientos e inseguridad.

Las familias fueron atendidas por personal del CEAVE en Parral; asimismo, informaron que el diputado Arturo Medina fue uno de los gestores en apoyo a estas familias afectadas.

Hace unos minutos se proporcionó a este medio un video en el que se observa una caravana de vehículos con familias enteras que estaban listas para desplazarse de la comunidad de Atascaderos, por los hechos violentos acontecidos desde el pasado 16 de febrero, cuando ingresaron grupos armados al lugar.

Aunque las autoridades no han emitido comunicado alguno, personas afectadas por estos hechos han alzado la voz en redes sociales y piden a las autoridades su intervención, a fin de otorgar garantías de seguridad a quienes no han dejado la comunidad.


Promueve Loera firmas en apoyo a Marx Arriaga

El senador por Morena, Juan Carlos Loera, promueve en redes sociales la colecta de firmas en apoyo de Marx Arriaga, para que su ingreso a la UACJ sea sin presiones ni persecuciones.

El legislador estuvo publicando el pronunciamiento y colecta de firmas a favor de la reincorporación de Marx Arriaga a la UACJ, en donde piden sea “sin persecución política ni sanciones infundadas”.

En el pronunciamiento se acusa a la gobernadora, el alcalde de Chihuahua, senadores y diputados del PAN y hasta de MC, así como algunos de sus dirigentes, de una campaña para menoscabar la imagen pública de Morena y sus dirigentes.

"Con las declaraciones inoportunas e irreflexivas de la gobernadora; ahora tienen otro propósito: impedir por todos los medios posibles que Marx Arriaga regrese como profesor a la UACJ, de donde partió en 2018, con base en una licencia académica, para ocupar un puesto público en la naciente administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador", señalan.

Juan Carlos Loera señala: Apreciables compañeras/os: compartimos este formulario para invitar a la comunidad a firmar el pronunciamiento en apoyo a la reincorporación de Marx Arriaga a la UACJ, la defensa de la libertad de cátedra, los derechos laborales y la universidad pública. 

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Las familias fueron atendidas por personal del CEAVE en Parral; asimismo, informaron que el diputado Arturo Medina fue uno de los gestores en apoyo a estas familias afectadas.

Hace unos minutos se proporcionó a este medio un video en el que se observa una caravana de vehículos con familias enteras que estaban listas para desplazarse de la comunidad de Atascaderos, por los hechos violentos acontecidos desde el pasado 16 de febrero, cuando ingresaron grupos armados al lugar.

Aunque las autoridades no han emitido comunicado alguno, personas afectadas por estos hechos han alzado la voz en redes sociales y piden a las autoridades su intervención, a fin de otorgar garantías de seguridad a quienes no han dejado la comunidad.


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El senador por Morena, Juan Carlos Loera, promueve en redes sociales la colecta de firmas en apoyo de Marx Arriaga, para que su ingreso a la UACJ sea sin presiones ni persecuciones.

El legislador estuvo publicando el pronunciamiento y colecta de firmas a favor de la reincorporación de Marx Arriaga a la UACJ, en donde piden sea “sin persecución política ni sanciones infundadas”.

En el pronunciamiento se acusa a la gobernadora, el alcalde de Chihuahua, senadores y diputados del PAN y hasta de MC, así como algunos de sus dirigentes, de una campaña para menoscabar la imagen pública de Morena y sus dirigentes.

"Con las declaraciones inoportunas e irreflexivas de la gobernadora; ahora tienen otro propósito: impedir por todos los medios posibles que Marx Arriaga regrese como profesor a la UACJ, de donde partió en 2018, con base en una licencia académica, para ocupar un puesto público en la naciente administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador", señalan.

Juan Carlos Loera señala: Apreciables compañeras/os: compartimos este formulario para invitar a la comunidad a firmar el pronunciamiento en apoyo a la reincorporación de Marx Arriaga a la UACJ, la defensa de la libertad de cátedra, los derechos laborales y la universidad pública. 

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