Ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor: América Aguilar

“Actualmente el agresor sale de casa, pero también es necesario que salga de la escuela, del trabajo y de otros espacios que tiene en común con la víctima, para protegerla y evitar más agresiones en su contra” informó la diputada América Aguilar quien presentó una iniciativa para separar violentadores de los lugares de convivencia obligada con sus víctimas, como medida de protección a sobrevivientes de violencia.
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Cabe destacar que, si bien la violencia familiar es uno de los delitos más reportados en Chihuahua y representa una de las formas más comunes de agresión contra las mujeres, esta no se limita al ámbito del hogar, según datos de la Unidad de Violencia Laboral del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, más de la mitad de los casos que reciben (64%) son por acoso laboral.
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Aguilar Gil hizo hincapié en que ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor, y señaló que es la persona agresora quien debe ser separada del espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de la víctima, pues de lo contrario: “Obligar a la víctima a abandonar su domicilio, su empleo o su proyecto de vida implicaría una forma indirecta de revictimización” dijo.
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Bajo este enfoque, la iniciativa presentada incluye que las órdenes de protección dictadas por los órganos jurisdiccionales podrán implicar:
• La desocupación del agresor del domicilio común.
• La separación física y funcional del agresor en el centro de trabajo o institución donde coincida con la víctima.
• La suspensión, reubicación temporal o restricción de funciones del agresor, sin afectar los derechos laborales de la víctima
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De acuerdo con la legisladora, estas medidas priorizan la seguridad de la víctima, pues reconocen el derecho humano a vivir sin violencia, y establecen de manera expresa que la separación del agresor deberá aplicarse no solo en el ámbito domiciliario, sino también en los espacios laborales, institucionales o comunitarios donde exista convivencia obligada con la víctima, evitando su revictimización.

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Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado. 

Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo. 

Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola. 

Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público. 


Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH

El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado  para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.

Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.

De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.

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