Policías de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en colaboración con el Ejército Mexicano, llevaron a cabo la localización y posterior inhabilitación de un campamento, presuntamente utilizado por el crimen organizado en las cercanías del poblado de Chorreras, municipio de Aldama, en donde fue asegurada un arma larga de fuego, así como cartuchos y equipo táctico.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 9 de marzo, cuando policías que realizaban labores de observadores aéreos en el helicóptero de la SSPE, localizaron en lo alto de un cerro, lo que parecía ser un campamento improvisado, por lo que, se realizó una maniobra de aterrizaje y despliegue rápido para asegurar la zona.
En paralelo, los elementos en tierra se acercaron a la brevedad y se desplegaron en la zona para realizar labores de rastreo. Derivado del operativo, se aseguró un fusil, 9 cargadores, así como 88 cartuchos útiles, 2 pecheras tácticas, además de porta cargadores.
Asimismo, en el campamento se localizaron estructuras improvisadas que fungían como parapetos, mismos que fueron destruidos por las fuerzas del orden para evitar su uso.
Cabe mencionar que lo asegurado fue trasladado a Chihuahua para su posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, en función de continuar con las investigaciones pertinentes.
Este hecho forma parte del despliegue permanente que la Policía del Estado mantiene en el municipio de Ojinaga, Coyame, Aldama y zonas aledañas, y que tiene por objetivo combatir a la criminalidad y generar entornos de tranquilidad para la población, lo cual forma parte de la estrategia frontal de seguridad pública de Gilberto Loya, bajo la premisa de que, con seguridad damos resultados.

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

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De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
