Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado y representante del distrito 22, al que pertenece Guadalupe y Calvo, informó que su equipo de trabajo ya comenzó con las labores necesarias para reconstruir un par de viviendas que sufrieron pérdida total debido a incendios que no fueron atendidos oportunamente en ese municipio.
Se trata de dos viviendas: una ubicada en la cabecera municipal y otra en una comunidad aledaña, cuyas familias se quedaron sin su patrimonio. Por ello, el legislador señaló que, por una decisión tomada junto con su hija, sus hijos y su esposa, emprendió la reconstrucción de estas viviendas a fin de restaurar, en la medida de lo posible, el patrimonio afectado, además de que las familias recuperen el cobijo de un techo digno.
Medina señaló que en estos momentos es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para regresarle la esperanza a las familias de Guadalupe y Calvo, por lo que la solidaridad debe ser una constante en las dinámicas de la comunidad. Asimismo, afirmó que se vuelve una responsabilidad política promover acciones que tiendan al fortalecimiento de la comunidad y su unidad.
Recientemente, Medina también inició gestiones para que Guadalupe y Calvo cuente con nuevas ambulancias y con un plan de protección civil adecuado para atender este tipo de emergencias, así como para la reparación inmediata de la carretera Guadalupe y Calvo–Parral, con el objetivo de combatir el rezago, el aislamiento y la carestía de productos esenciales.
“Son muchas las necesidades que atraviesa el municipio, mismas que lastiman con mayor seriedad ante el clima de incertidumbre. Por ello, no podemos dejar de realizar tareas de fortalecimiento desde nuestra responsabilidad. Atiendo de manera cotidiana a las familias que se encuentran en Parral a consecuencia del desplazamiento y, al mismo tiempo, promuevo esfuerzos al interior del municipio para que la ciudadanía recupere el municipio para las familias”, finalizó.

En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.

En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
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Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

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Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
