Marina del Pilar desestima preocupación por expedientes de la FGE dañados en el 8M, "eran copias"
ENSENADA, B. C., (apro) .- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que únicamente “son copias” los expedientes dañados y tirados a la calle, como parte de la manifestación en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), en el municipio de Tijuana.
La mandataria estatal lo declaró este martes 10 de marzo durante su conferencia matinal realizada en el municipio de San Quintín, en torno a las marchas e intervenciones realizadas en la ciudad fronteriza citada el pasado sábado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La prensa refirió a Ávila Olmeda las posturas de colegios de abogados de formular imputaciones, así como colectivos buscadores de personas desaparecidas, en torno a dichos documentos que fueron sacados de las oficinas ubicadas en Zona Río, junto con computadoras, y el temor generado de que se hubiera perdido información relevante sobre los casos.
En respuesta, la gobernadora aseguró una consulta a la FGE sobre dichos expedientes y la posibilidad de que resultara perjudicada alguna investigación.
“Según lo que me informan es que son copias, que no va a afectar a ninguna carpeta de investigación, que se cuenta con la información. Entonces, por ese lado entiendo la preocupación de abogados, colectivos y demás de que pudiera haberse perdido información importante en un proceso de alguna investigación. Decirles que no, que se cuenta con los documentos originales”, aseguró Ávila Olmeda.
Marina del Pilar reiteró que “los que se perdieron el pasado domingo, eran copias”, conforme a la FGE.
El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, respaldó dicha postura.
“Entendemos las consignas de esta marcha, las respetamos y, afortunadamente, no hubo ninguna persona lesionada durante estas marchas”, subrayó Ávila Olmeda.
Como parte de su mensaje, expresó su respeto hacia las feministas y las llamó a seguir “construyendo juntas una gran sociedad”.
“No hay monumento, obra de arte, vialidad, infraestructura, edificio, que valga más que una vida humana”, concluyó la gobernadora.
Piden abogados investigación por daños a expedientes
Tras las intervenciones realizadas por los grupos feministas a las oficinas de la FGE en Tijuana, integrantes de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), A.C., publicaron un pronunciamiento donde exigieron investigación y vinculación a proceso.
Conforme al texto firmado por el presidente David Jesús Rincón Rey, y dirigido a Ávila Olmeda, así como a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, se pidió dar con las responsables para que “se les aplique el peso de la ley”.
La Fedabo aseguró que, además de los daños a las instalaciones de la FGE y de los juzgados Séptimo y Octavo Familiar, también fueron afectados expedientes.
“Donde se estaban solicitando órdenes de restricción, pensiones alimenticias o adopciones, que ya no podrán ser ejecutadas, por lo que se pone en riesgo a las mujeres y a los niños. Habrá carpetas de investigación que no podrán seguir su curso, por haber destruido documentos originales de imposible confección”, según su postura.
Por último, la Federación reiteró la exigencia de “castigo” para que no se repitan “estos actos delincuenciales”.
Por su parte, el Colegio de Abogados “Emilio Rabas”, A.C., también de Tijuana, reprobó el hecho, y de pasó criticaron a la FGE, por considerar que sin estos documentos seguirán trabajando “en la mediocridad”.
“Meses y años de trabajo que llevan las víctimas para integrar carpetas en diversos delitos fueron destruidos y tirados a la basura. Le dieron a la Fiscalía la mejor excusa para continuar trabajando en la mediocridad de su lentitud y en plena impunidad que padecemos no sólo los tijuanenses, sino los bajacalifornianos. Por eso, la FGE no evitó, ni trató, de contener el accionar pandilleril”, remarcó dicho colegio.
Con información de: Proceso.
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Esta no es la primera vez que el presidente Bustillos promociona su trabajo como titular de la Unión Ganadera, pues hace unas semanas comenzó a circular un mensaje con sus logros como presidente, texto que negó financiar…
Por cierto, aunque el no se ha pronunciado sobre algún puesto en especifico, su nombre comienza a sonar para una diputación federal...
Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos
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Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.
Pretende UACH vender rancho agrícola
Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH
El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
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