
El 2 de abril de 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada activó un mecanismo excepcional y solicitó la intervención de la Asamblea General de la ONU ante una situación que considera de extrema gravedad: concluyó que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad.
La determinación del Comité se apoya en múltiples fuentes: denuncias de la sociedad civil, informes del Estado, la visita del propio Comité en 2021 y solicitudes urgentes de víctimas. Citó el hallazgo sistemático de fosas clandestinas: más de 4,500 ubicadas hasta la fecha, 6,200 cadáveres, 4,600 restos humanos y alrededor de 72,000 restos no identificados. Cifras que no sólo estremecen, sino que trazan un panorama de abandono institucional y falla recurrente del sistema de justicia.
El procedimiento del Comité es claro: recibe y verifica información de víctimas, ONG y organismos internacionales; determina indicios fundados y sistematicidad con participación o tolerancia de autoridades; solicita información al Estado parte; y, si la respuesta es insatisfactoria, eleva el caso a la Asamblea General. Allí se evalúan medidas colectivas para apoyar al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación del delito.
El gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe, calificándolo de “parcial y sesgado” y alegando que omite esfuerzos institucionales. Mientras tanto el número de personas desaparecidas en México asciende a los 133.000 casos sin resolver.
No sería justo atribuir exclusivamente al gobierno actual todos los casos acumulados; las desapariciones son un problema con raíces profundas y prolongadas. Sin embargo, es innegable que corresponde al Estado actual garantizar respuestas eficaces a las víctimas: verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.
La resolución del Comité representa un logro histórico de la sociedad civil mexicana. Asociaciones de familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos han sostenido durante años la denuncia y la exigencia de esclarecimiento de casos emblemáticos como Ayotzinapa, los hallazgos en el rancho Izaguirre y las múltiples fosas clandestinas. Su trabajo puso en la agenda internacional una realidad que el país no puede seguir negando.
En muchas regiones del país son los propios familiares quienes asumen las labores de búsqueda e investigación por falta de respuesta institucional; esa inversión emocional y material no puede sustituir al deber del Estado.
Negar no cambia la realidad el atraso del Estado, la impunidad, descalificar no resuelve, pospone el derecho a la verdad y la justicia.