Calidad del aire en Chihuahua: ruta legislativa

Durante las semanas pasadas, el cielo de Chihuahua capital y otros municipios, se cubrieron de un gris turbio al que francamente no estamos acostumbrados. El mapa de contaminación en el aire -que todas y todos tenemos disponible desde nuestros teléfonos- arrojó una alerta por lo deplorable de su calidad, recomendando no salir de casa ni hacer actividades al aire libre.

La calidad del aire en nuestro estado, claramente ha avanzado a un tema de salud pública. Si bien, hoy medimos la calidad del aire, no necesariamente actuamos en consecuencia. En ese sentido, el estado cuenta con una base jurídica y legislativa suficiente para intervenir antes de que la contaminación se convierta en crisis. 

La Ley de Equilibrio Ecológico estatal, los reglamentos municipales y los instrumentos de planeación como el ProAire contienen ya los elementos necesarios. El problema es su falta de operatividad ante estas contingencias.

Hoy, muchas de estas disposiciones descansan en conceptos como “programas”, “acciones” o “coordinación”, pero sin mecanismos que obliguen a actuar a inmediatez.

El primer punto es la ley estatal en materia ambiental. 

Esta ya contempla la elaboración de un plan de contingencias atmosféricas, pero no lo vuelve plenamente exigible ni operativo. La oportunidad de reforma está en transformar ese plan en una herramienta obligatoria, pública y activable automáticamente. 

Es decir, que cuando la calidad del aire alcance ciertos niveles —definidos con base en estándares federales como el Índice Aire y Salud— se ordenen medidas claras sin depender de decisiones discrecionales.

El segundo eje es el monitoreo.

Actualmente se cuenta con sistemas de medición, pero alguna reforma puede enfocarse en garantizar su calidad, su continuidad y, sobre todo, su utilidad pública. Esto implica traducir la información en decisiones y en comunicación clara para la ciudadanía. 

A nivel de planeación, el programa ProAire —vigente hasta 2025— representa otra ventana de oportunidad. 
Su actualización debería incorporar elementos de ejecución, tales como metas medibles, responsables institucionales y, sobre todo, presupuesto. Sin recursos asignados, es la nada.

Finalmente, hay un elemento transversal que es la coordinación. 

La ley ya reconoce la concurrencia entre estado y municipios, pero con impulso legislativo, se pueden fortalecer mecanismos concretos de articulación, especialmente en escenarios de contingencia. Definir quién activa, quién ejecuta y cómo se evalúa, es tan importante como la medida misma.

Esto se trata de perfeccionar herramientas existentes para que respondan a una realidad que ya cambió.

Lamentablemente este fenómeno en Chihuahua es constante -en suma con la temporada de incendios forestales y demás temas- y, cuando un problema adquiere tal naturaleza, la respuesta no puede seguir siendo eventual.