EU sanciona red ligada al Cártel del Noreste; incluye a presuntos operadores, abogados y casinos en la frontera

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra seis objetivos presuntamente vinculados con operaciones de lavado de dinero y contrabando de efectivo del Cártel del Noreste (CDN), organización señalada como una de las más violentas en México y con fuerte presencia en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La dependencia subrayó que estas acciones buscan frenar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. “El Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de cárteles violentos”, declaró el secretario Scott Bessent, quien añadió que continuarán “atacando las diversas fuentes de ingresos de las que dependen los cárteles”.

Entre los blancos de la medida destacan presuntos operadores clave y negocios supuestamente utilizados para blanquear recursos, incluidos dos casinos en territorio mexicano.

De acuerdo con el comunicado, uno de ellos -Casino Centenario- habría sido utilizado tanto para ocultar drogas como para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero. El Tesoro también precisó que esta acción se enmarca en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el tráfico de drogas y el financiamiento al terrorismo.

Red de operadores y facilitadores

Las sanciones también alcanzan a individuos identificados como facilitadores del CDN. El Tesoro señaló que estas personas “ocultan su criminalidad detrás de la apariencia de profesiones honorables”, mientras colaboran con la estructura del cártel.

En este contexto, se menciona a Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado vinculado a integrantes del crimen organizado, y señalado por proveer servicios más allá de una relación legal convencional, entre ellos a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, cuando el líder criminal aún se encontraba recluido en México.

Además, en febrero de 2025 se dio a conocer que se integró al equipo de asesores jurídicos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. En una carta enviada al Consulado General de México en Nueva York, el exlíder del Cártel de Sinaloa señaló que Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González -también ex defensor del Z-40- le brindaban asesoría para trámites en México relacionados con su solicitud de asistencia consular.

Asimismo, fue designado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, activista y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ramos ha sido conocido públicamente por su labor de acompañamiento a familias de víctimas de la violencia en la región; sin embargo, el Departamento del Tesoro lo acusa de actuar como operador del CDN en una estrategia de desinformación.

Según el comunicado, Ramos “lidera la campaña de desinformación del CDN contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos” y, presuntamente, habría apoyado acciones para influir en la opinión pública a favor del grupo criminal.

Otro de los perfiles señalados es Eduardo Javier Islas Valdez, también conocido como “Crosty”, identificado como responsable de coordinar las operaciones de tráfico de personas del cártel en Nuevo Laredo. De acuerdo con el Tesoro, Islas supervisa a los llamados “pateros”, autoriza cruces de migrantes hacia Estados Unidos y controla flujos de efectivo derivados de estas actividades.

Casinos, frontera y control territorial

El informe también advierte sobre la participación del crimen organizado en la industria del juego en México. “La participación de los cárteles en casinos mexicanos está bien documentada”, señala el documento, al recordar investigaciones previas coordinadas con autoridades mexicanas.

El CDN mantiene influencia en zonas clave de la frontera, particularmente en el área de Nuevo Laredo, considerada uno de los puntos de cruce comercial más importantes entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el Tesoro, el grupo utiliza la violencia, la extorsión y el control territorial para sostener actividades como el tráfico de drogas, personas y armas. 

La OFAC indicó que las sanciones implican el congelamiento de bienes y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. Además, advirtió que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si mantienen vínculos con los señalados.

“El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento”, concluye el comunicado.

Con información de Animal Político.