
El abogado Héctor Villasana declaró que existió tráfico de influencias en la absolución, luego de que la magistrada María Elizabeth Macías Márquez, de la Sala Penal Regional con sede en Parral, determinara revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Fernando Ramírez Gutiérrez, alias “El Chino”, quien enfrentaba cargos por tentativa de homicidio tras un altercado armado ocurrido en septiembre de 2025.
El abogado agregó que se encuentran profundamente agraviados por la decisión que tomó la magistrada en mención. Ante estos hechos, dijo, será la siguiente semana cuando interpongan un amparo en contra de esta medida, soliciten al Congreso del Estado juicio político y, ante el Tribunal de Disciplina Judicial, harán lo conducente.
“La magistrada estaba impedida para, en un recurso interpuesto por la parte acusadora, favorecer a quien no impugnó; sería tanto como si a una persona le imponen una pena de prisión de cinco años, apela y el magistrado revoca y le impone 10 (años)”, dijo.
Héctor Villasana agregó que las víctimas, Eloy Soto Payán y Enrique Muñoz, así como el propio declarante, afirman que fue muy grave la situación y la determinación de la magistrada. “Una persona llegó a una funeraria armada e intentó agredir a Eloy Soto y, como consecuencia, nos lesionó al licenciado Muñoz y a mí; incluso el licenciado Muñoz aún tiene la bala en la pierna. Ya trabajamos en una queja ante el Tribunal de Disciplina en contra de la magistrada y en la solicitud de juicio político por una falta grave”.
Dijo que, además de la queja y la solicitud de juicio político, pedirán la separación del cargo de Elizabeth Macías Márquez mientras se lleva a cabo la investigación, por la notable negligencia e ignorancia según señaló en el desempeño de su función.
Durante las audiencias, indicó que existió una notoria presión hacia la magistrada por parte de otro magistrado para favorecer a “El Chino”, acción que, aseguró, se materializó al dejar en total impunidad el caso que se siguió en contra de Fernando Ramírez Gutiérrez.
De acuerdo con la resolución publicada en el Sistema de Notificaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la magistrada basó su decisión en diversas irregularidades detectadas durante la integración de la investigación.
Entre los principales motivos, se encuentra la invalidez de pruebas, ya que se dejó sin efecto el informe policial en el que la Fiscalía sustentaba la acusación, al considerarse que las evidencias fueron obtenidas de manera indebida.
Asimismo, se señaló la existencia de inconsistencias graves en el informe, además de que, según la defensa y validado por la magistrada, hubo presión sobre los testigos para formular sus declaraciones iniciales.
Con esta resolución, Fernando Rámirez Gutiérrez queda libre de cualquier medida cautelar que pesara en su contra por este caso específico, cabe señalar que, el imputado habría disparado contra Eloy Soto Payán, hiriendo además a dos abogados que se encontraban en el lugar, Héctor Villasana Ramírez y Enrique Eduardo Muñoz.