Maru Campos: más cerca de Washington que de la Constitución

La soberanía no se pierde de golpe; se va cediendo poco a poco… con acuerdos, con infraestructura, con “cooperaciones” que nadie termina de explicar. 

Lo ocurrido en Chihuahua no es un hecho aislado ni un accidente que deba analizarse con ligereza. Es, en realidad, un episodio que revela con crudeza una forma de ejercer el poder: sin coordinación, sin transparencia y, lo más grave, al margen del orden constitucional.

Un vehículo cae en la sierra. Cuatro personas mueren. Dos de ellas, servidores públicos mexicanos; las otras, agentes estadounidenses. Lo que en un primer momento se intentó presentar como un simple accidente, pronto se convirtió en un asunto de interés nacional. Esos agentes no estaban de paso, no eran observadores casuales, formaban parte de un operativo en territorio mexicano.

Y entonces surge la pregunta que no puede evadirse: ¿quién autorizó eso?

Porque la Presidenta de la República ha sido clara y categórica. En México no puede haber agentes extranjeros operando en campo sin autorización del Estado mexicano. No es un posicionamiento político; es la Constitución, es la Ley de Seguridad Nacional, es el principio básico de soberanía.

Y, sin embargo, en Chihuahua ocurrió. Sin conocimiento del Ejecutivo federal. Sin coordinación con las instancias nacionales de seguridad. Y, todo indica, sin respeto a los límites legales que rigen este tipo de cooperación.

Frente a esto, la reacción del gobierno estatal ha sido, por decir lo menos, preocupante. Versiones contradictorias de la Gobernadora y el Fiscal, explicaciones que cambian con el paso de los días, intentos de Ricardo Anaya o de Marko Cortés por minimizar la participación de agentes extranjeros. Primero eran capacitadores, luego acompañantes, luego observadores. Pero la realidad se impone. Estaban en una misión.

Y aquí es donde este Congreso no puede perder de vista el contexto. Porque lo que hoy vemos no surgió de la nada. Es la consecuencia de una política que, desde hace años, ha venido empujando los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente desde el gobierno encabezado por la gobernadora Maru Campos.

Ahí está, como eje de esa estrategia, la Torre Centinela. Un sistema de vigilancia masiva, de miles de millones de pesos, con capacidades de reconocimiento facial, bases de datos biométricos y monitoreo permanente a lo largo del estado. Un proyecto que no solo ha sido cuestionado por su costo y opacidad, sino por su orientación.

No es casualidad que ese mismo sistema haya sido ofrecido como parte de acuerdos con autoridades de Texas en el contexto de la crisis migratoria, ni que hoy se plantee que la Torre Centinela, su centro de mando, funcione como un espacio de intercambio e incluso presencia de agencias extranjeras.

Es decir, no estamos ante un hecho aislado. Estamos ante una lógica que ha ido escalando, de la cooperación al alineamiento, y del alineamiento a la posible cesión de espacios operativos. Y eso es lo que vuelve especialmente grave lo ocurrido.

Porque cuando se permite que esa lógica avance sin controles claros, sin transparencia y sin coordinación federal, el resultado inevitable es el que hoy tenemos, operaciones en territorio nacional cuya autorización es, por decir lo menos, incierta.

Más aún, este episodio ocurre en un contexto internacional particularmente delicado, donde desde Estados Unidos se han reactivado discursos intervencionistas en materia de seguridad. En ese escenario, cualquier ambigüedad, cualquier apertura sin control, cualquier margen de discrecionalidad, se convierte en un riesgo real.

Por eso la reacción de la Presidenta no solo es correcta; es necesaria. Ha exigido explicaciones, y ha reafirmado un principio que no admite matices… la soberanía nacional no se negocia.
Y conviene subrayarlo. No se trata de una confrontación política, sino del ejercicio legítimo de sus atribuciones constitucionales. La conducción de la política exterior y la seguridad nacional no es un asunto optativo para las entidades federativas; es una competencia claramente definida del Estado mexicano.
En contraste, lo que observamos en el ámbito estatal es una preocupante normalización de prácticas que bordean, o rebasan, esos límites. 

Porque al final, lo que se nos quiere vender como “cooperación” empieza a parecer otra cosa cuando uno junta las piezas: un acuerdo con Texas, una plataforma de vigilancia multimillonaria, una torre pensada como centro de inteligencia… y ahora agentes extranjeros participando en operativos. Todo muy coordinado… menos la explicación del Gabinete y la Gobernadora.

Y mientras tanto, los resultados en seguridad siguen siendo adversos. Chihuahua continúa en los primeros lugares de incidencia delictiva, lo que obliga a cuestionar si esta estrategia, además de jurídicamente cuestionable, es realmente eficaz.

Seguramente los blanquiazules van a salir a decir que fue un “éxito operativo”, que hubo resultados y que eso justifica todo lo demás. Pero no. No se puede medir esto de esa manera. Porque además aquí hay algo más de fondo. Otra vez la tentación de normalizar la intervención de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, como si fuera algo natural, como si no hubiera historia detrás. Y sí la hay.

Una historia larga de injerencias en México y otros países. Y si empezamos a justificar eso con que “dio resultados”, entonces mañana cualquier exceso va a encontrar excusa. Y eso es justo lo que no se puede permitir.

La soberanía no es una consigna ni un recurso discursivo. Es el principio que define quién toma las decisiones en este país y bajo qué reglas. Por eso este Congreso no puede guardar silencio. Es la vigencia del orden constitucional. Es el respeto a las competencias del Estado mexicano. Y es, en última instancia, la capacidad de este país para decidir sobre su propio territorio.

Hoy hay que decirlo con claridad y sin rodeos. ¡Alerta con el intervencionismo!, porque nunca llega de golpe, siempre se cuela poco a poco, bajo el discurso de la “cooperación”. ¡Alerta con la Torre Centinela!, porque una infraestructura de ese tamaño, sin controles claros y con tentaciones de compartirse hacia el exterior, puede terminar sirviendo a intereses que no son los de la gente de Chihuahua. ¡Alerta con la normalización de lo inaceptable!

No es momento de matices. Es momento de fijar límites. Y ese límite es claro. En Chihuahua y en México, la seguridad se construye con nuestras instituciones y en el marco de la Constitución. Porque a veces da la impresión de que en Chihuahua la coordinación con Texas y el resto de Estados Unidos, es más clara que la coordinación con la Federación. Como si el canal con Greg Abbott funcionara sin interferencias… pero el canal con el Gobierno de México estuviera lleno de silencios y “no sabía”. Y eso sí resulta preocupante. No por la cooperación en sí, sino por el orden de prioridades. Porque una cosa es llevarse bien con el vecino… y otra muy distinta es empezar a rendirle cuentas primero a él. 

Hoy no estamos discutiendo solo un accidente ni una declaración desafortunada del Fiscal. Estamos discutiendo el rumbo que se le quiere dar a la seguridad, a la relación con actores extranjeros y, en última instancia, al ejercicio mismo del poder público en este país.
Y ese rumbo, hoy por hoy, exige ser corregido.