
El trato preferencial que ha dado Estados Unidos a México en la aplicación de medidas arancelarias recientes se perfila como una señal de continuidad en la relación comercial de América del Norte y como indicio de que el T-MEC podría renovarse. Así lo explicó Martín Castellano, economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), desde Washington, D.C.
“Esta diferenciación refleja la alta integración productiva entre las economías de la región, sino también la capacidad de negociación de México en un entorno geopolítico más complejo”, subrayó.
Entrevistado por El Economista, Castellano añadió que otro factor clave detrás de la expectativa del IIF de que el acuerdo se extienda por otros 16 años, es el interés geopolítico de Estados Unidos por fortalecer su influencia en la región.
Advirtió que el entorno global ha cambiado de forma significativa, particularmente a partir del conflicto en Medio Oriente, lo que ha introducido nuevas presiones sobre los mercados financieros y las expectativas económicas.
En este contexto, comentó que, frente a propuestas iniciales más restrictivas, algunos países, como México, lograron condiciones más favorables en las negociaciones comerciales. Esto refleja la existencia de canales de interlocución activos y un interés compartido por mantener el menor número posible de barreras.
Este entorno también está respaldado por incentivos económicos claros. “La interrelación entre los sectores productivos de América del Norte es tan profunda como para alinear los intereses del sector privado y de las autoridades, lo que ha contribuido a encauzar las negociaciones del acuerdo”.
Bajo este escenario, el IIF, que es la mayor asociación de instituciones financieras globales, mantiene como escenario base la extensión del tratado por un nuevo periodo de 16 años.
“Si bien persisten riesgos, estos tienden a mitigarse por la magnitud de los beneficios económicos asociados a la integración regional y la disposición de los gobiernos para actualizar el acuerdo, más que para replantearlo en su totalidad”.
Castellano señaló que, aunque la relocalización de cadenas productivas, el llamado nearshoring, ha perdido algo de intensidad en el corto plazo, la oportunidad para México se mantiene abierta. Sostuvo que los incentivos económicos derivados de la integración con Estados Unidos siguen siendo lo suficientemente sólidos como para sostener este proceso.
Indicó que la ventana para el nearshoring “pudo haberse reducido temporalmente, en parte por la incertidumbre global y los cambios en la política comercial, pero no se ha cerrado”. En este sentido, consideró que, si se confirma la continuidad del T-MEC, la relocalización podría retomar impulso en el mediano plazo.
No obstante, destacó que su impacto en el crecimiento dependerá también de factores internos. En particular, la necesidad de fortalecer las condiciones para la inversión privada, que ha mostrado debilidad , así como mejorar aspectos de gobernanza que inciden directamente en las decisiones de largo plazo de las empresas.
Con información de: El economista.

En redes sociales comenzó a difundirse un posicionamiento que cuestiona la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad encabezados por fuerzas federales.
El documento plantea que, al tratarse de acciones coordinadas con instancias como el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae en autoridades federales, por lo que los requerimientos de información deberían dirigirse a ese nivel de gobierno.
POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LA CITACIÓN DE UN GOBERNADOR O FISCAL ESTATAL POR OPERATIVOS FEDERALES COORDINADOS I. Fundamentación constitucional El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las facultades exclusivas del Senado, entre las cuales no se encuentra la de citar o requerir comparecencia de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 establece que las Cámaras del Congreso pueden convocar únicamente a Secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos federales, para rendir informes o responder preguntas bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el control político del Congreso de la Unión se ejerce exclusivamente sobre autoridades federales, no sobre gobiernos estatales ni sus fiscales. II. Improcedencia de la citación en operativos coordinados Cuando los hechos que se pretenden esclarecer derivan de operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la conducción y responsabilidad son federales. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, y su actuación se rige por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El narcotráfico es un delito de competencia federal, tipificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, y perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, los operativos en esta materia no son de competencia estatal, aunque puedan existir apoyos o coordinación local. Por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Fiscalía General de la República (FGR) Comandancia de la Guardia Nacional Estas instituciones sí están sujetas al control político del Senado, conforme al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Protección del pacto federal Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para responder por acciones federales invade la esfera competencial de las entidades federativas y vulnera el principio de soberanía local. El pacto federal exige respeto a las competencias diferenciadas: La Federación conduce la política de seguridad nacional. Los estados colaboran, pero no dirigen ni controlan las operaciones federales. IV. Argumento institucional La citación de autoridades estatales por hechos derivados de operativos federales carece de sustento constitucional y contraviene el pacto federal. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para requerir información únicamente a titulares de dependencias y entidades del gobierno federal. En consecuencia, cualquier comparecencia debe recaer en los mandos federales responsables del operativo, no en autoridades locales ajenas a la cadena de mando. V. Conclusión El Senado de la República debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En materia de seguridad y narcotráfico, los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de naturaleza federal; por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las autoridades federales competentes. Citar a un Gobernador o Fiscal estatal sería improcedente y atentaría contra el equilibrio del pacto federal.

El pasado 16 de abril, se diera a conocer que el ICE liberó a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, pero seguiría su proceso migratorio en libertad.
Hoy la esposa del ex gobernador, César Duarte aparece en Centro de Detención en El Paso, según lo confirma U.S. Immigration and Customs Enforcement
Bertha Gómez fue detenida en la residencia ubicada en El Paso, Texas el pasado 25 de marzo de 2026.

Con todo y la tecnología que existe, en Chihuahua no hubo manera de cómo enlazar la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con la gobernadora Maru Campos.
Esto luego que la presidenta reveló que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Supuestamente, en la llamada que hizo Sheinbaum le dijeron que no se encontraba Maru.
Esto pone a preguntar en nivel de tecnología, ¿a caso no pudieron enlazarla?
Maru sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Los adelantados panistas al 2027 han tapizado el Estado con miles de espectaculares promocionando su imagen a costa de supuestas entrevistas o acciones propias de sus cargos, con temas del agua, seguridad, entre otros.
Mientras que a los de Morena la presidenta Claudia Sheinbaum los paró en seco con la promoción anticipada y descarada, los panistas han aprovechado estas circunstancias para darse vuelo con la contratación de espectaculares.
Los panistas adelantados niegan que esos espectaculares sean pagados por ellos mismos, o que sean con cargo al dinero de los chihuahuenses, y como excusa las adjudican a terceros.
Los espectaculares de panistas que han saturado el Estado son de Bonilla, Santiago De la Peña, César Jáuregui, Olson, Alan Falomir, Gil Loya, Valenciano, entre otros.

En redes sociales comenzó a difundirse un posicionamiento que cuestiona la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad encabezados por fuerzas federales.
El documento plantea que, al tratarse de acciones coordinadas con instancias como el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae en autoridades federales, por lo que los requerimientos de información deberían dirigirse a ese nivel de gobierno.
POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LA CITACIÓN DE UN GOBERNADOR O FISCAL ESTATAL POR OPERATIVOS FEDERALES COORDINADOS I. Fundamentación constitucional El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las facultades exclusivas del Senado, entre las cuales no se encuentra la de citar o requerir comparecencia de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 establece que las Cámaras del Congreso pueden convocar únicamente a Secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos federales, para rendir informes o responder preguntas bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el control político del Congreso de la Unión se ejerce exclusivamente sobre autoridades federales, no sobre gobiernos estatales ni sus fiscales. II. Improcedencia de la citación en operativos coordinados Cuando los hechos que se pretenden esclarecer derivan de operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la conducción y responsabilidad son federales. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, y su actuación se rige por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El narcotráfico es un delito de competencia federal, tipificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, y perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, los operativos en esta materia no son de competencia estatal, aunque puedan existir apoyos o coordinación local. Por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Fiscalía General de la República (FGR) Comandancia de la Guardia Nacional Estas instituciones sí están sujetas al control político del Senado, conforme al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Protección del pacto federal Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para responder por acciones federales invade la esfera competencial de las entidades federativas y vulnera el principio de soberanía local. El pacto federal exige respeto a las competencias diferenciadas: La Federación conduce la política de seguridad nacional. Los estados colaboran, pero no dirigen ni controlan las operaciones federales. IV. Argumento institucional La citación de autoridades estatales por hechos derivados de operativos federales carece de sustento constitucional y contraviene el pacto federal. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para requerir información únicamente a titulares de dependencias y entidades del gobierno federal. En consecuencia, cualquier comparecencia debe recaer en los mandos federales responsables del operativo, no en autoridades locales ajenas a la cadena de mando. V. Conclusión El Senado de la República debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En materia de seguridad y narcotráfico, los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de naturaleza federal; por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las autoridades federales competentes. Citar a un Gobernador o Fiscal estatal sería improcedente y atentaría contra el equilibrio del pacto federal.

El pasado 16 de abril, se diera a conocer que el ICE liberó a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, pero seguiría su proceso migratorio en libertad.
Hoy la esposa del ex gobernador, César Duarte aparece en Centro de Detención en El Paso, según lo confirma U.S. Immigration and Customs Enforcement
Bertha Gómez fue detenida en la residencia ubicada en El Paso, Texas el pasado 25 de marzo de 2026.

Con todo y la tecnología que existe, en Chihuahua no hubo manera de cómo enlazar la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con la gobernadora Maru Campos.
Esto luego que la presidenta reveló que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Supuestamente, en la llamada que hizo Sheinbaum le dijeron que no se encontraba Maru.
Esto pone a preguntar en nivel de tecnología, ¿a caso no pudieron enlazarla?
Maru sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Mientras que a los de Morena la presidenta Claudia Sheinbaum los paró en seco con la promoción anticipada y descarada, los panistas han aprovechado estas circunstancias para darse vuelo con la contratación de espectaculares.
Los panistas adelantados niegan que esos espectaculares sean pagados por ellos mismos, o que sean con cargo al dinero de los chihuahuenses, y como excusa las adjudican a terceros.
Los espectaculares de panistas que han saturado el Estado son de Bonilla, Santiago De la Peña, César Jáuregui, Olson, Alan Falomir, Gil Loya, Valenciano, entre otros.
