
La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje a su homólogo argentino, Javier Milei, respecto al caso de Fernando ‘N’, sobrino político de Rafael Ojeda y presunto líder de una red de huachicol fiscal.
La mandataria descartó que este asunto se convierta en un conflicto político con el gobierno argentino y expresó que espera que, en el marco de la colaboración en materia de seguridad, Fernando ‘N’ sea extraditado para enfrentar la justicia por los delitos que se le imputan en México.
“Es una persona que está siendo investigada, tiene una orden de aprehensión y que, en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, es importante que se extradite o se deporte”, comentó en la mañanera de este 28 de abril.
El pasado 25 de abril se dio a conocer que Fernando ‘N’ rechazó ser extraditado a México bajo el argumento de que “no están garantizados sus plenos derechos en México” y teme por su vida si regresa al país.
De acuerdo con versiones difundidas, la defensa del exmarino solicitará asilo político en Argentina, pese a la investigación en su contra por el caso de contrabando de combustible que operó durante años en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Hasta el momento no existe nueva información sobre la situación legal de Fernando ‘N’. Sin embargo, el abogado del exfuncionario señaló que la deportación de su cliente podría ocurrir pronto, debido a que ingresó de manera ilegal a Argentina con documentación falsa. Añadió que dependerá de las autoridades argentinas determinar si continúa el proceso por falsificación de documentos.
Epigmenio Mendienta, abogado de Fernando ‘N’, explicó que el proceso de extradición podría resolverse en 60 días, aunque puede extenderse si aparecen nuevos elementos o delitos adicionales.
Otras versiones indican que autoridades argentinas determinaron extraditar a Fernando ‘N’ por petición de México, aunque hasta ahora no existe anuncio oficial.
Epigmenio Mendienta explicó que primero debe revisarse si la solicitud cumple con los requisitos legales antes de que un tribunal analice su viabilidad. También sostuvo que inició una investigación adicional por el uso de documentación irregular.
“El procedimiento, en principio, sería más rápido. La ley señala un periodo de 60 días; sin embargo, si hubiera manifestaciones o pruebas adicionales, tendríamos que enfrentar un proceso mucho más largo”, comentó el 27 de abril en entrevista con Azucena Uresti.
Con información de El Financiero.