
Ante los sucesos de estas últimas semanas, hay de todo para hablar. El atentado hacia Trump, el gusano barrenador en Coahuila, los agentes de la CIA en nuestro Estado y las declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el gobernador de Sinaloa: un mar en caos. De todo esto se ha comentado en las mesas de debate y columnas. Por lo que no sería lo más conveniente el enfocar esta columna en uno solo, sino de pronto, en lo que nos compete como país. La imagen panorámica de nuestra realidad.
Del gusano, ni hablar; al Secretario de Agricultura, Julio Berdegué le quedó grande el encargo. A pesar de los esfuerzos que ha encabezado el gobierno del Estado y la UGRCH, el gobierno federal es aquel que tiene mayor responsabilidad y tarea debido a la naturaleza de la crisis fitosanitaria. Se vió voluntad por parte de las autoridades locales en combatir esta plaga que ya estaba erradicada, pero desde luego, que no es suficiente. El desasosiego que viven nuestros productores es raquítico. Para acabarla de fregar, esa esperanza de que abrieran la frontera en los próximos meses, se ve lejana al aparecer un brote en la entidad vecina.
Los agentes extranjeros en la sierra, indefendible. Por donde se le quiera ver a este asunto delicado, viola la Constitución y la coordinación bilateral en materia de narcotráfico. Los malandros no pensaron dos veces en atacar a los funcionarios estatales, sin pesar en la crisis diplomática que iban a ocasionar. Más que un error de cálculo, desenmascara la naturaleza de la narcoguerra y sus perpetradores. Decisiones sin pies ni cabeza encaminadas a desangrar al país.
Hubiera sido positivo que la mandataria estatal aceptase el comparecer frente al Senado. El que nada debe nada teme. Y sí, la Cámara alta carece de competencia para obligarla a presentarse, pero un pacto federal saludable cuenta con la apertura y coordinación de los gobernadores. La unidad especializada en resolver y alcanzar la verdad histórica no tuvo una gran actuación. La labor de encubrimiento roza el descaro y repite las acciones de otras de su misma naturaleza, como la que se creó cuando los 43 de Ayotzinapa o el caso Colosio.
Lo de Rocha, ya se sabía, ni tan secreto a voces. Más bien, a gritos. En la historia de México, que yo sepa y corríjanme, nunca había habido un señalamiento de nexos con el crimen organizado hacia un gobernador por parte de un gobierno extranjero. Desde luego que tenemos soberanía, pero no instituciones competentes como para desestimar señalamientos tan graves hacia un grupo de funcionarios de un Estado en toque de queda constante. Ya salió la Presidenta a decir que se investigará. Pero lo hizo con una benevolencia y amabilidad, que hasta parece apapacho o unas palmaditas en la espalda. Toca esperar a ver la evolución del escándalo.
El Estado de derecho que se veía inalcanzable con la Reforma Judicial, pese a las advertencias de opositores y especialistas hoy sale a la luz. No solamente faltaron jueces estudiados y no burros, sino también una reconfiguración de los candados y mínimos exigibles a los Ministerios Públicos. Esta clase de reformas regresivas no solo impactan en temas como los ya mencionados, sino también en la economía. Ya salieron al quite gremios empresariales tanto nacionales como gringos, al denunciar la falta de certeza jurídica en cara a la revisión del Tratado. Una constante en el decrecimiento de la economía nacional, lo más recientes nos muestra una caída del 0.8% en el PIB según el INEGI.
Un cambio en el tablero político está a la vuelta de la esquina. A título personal, parece inminente el desgaste en el presupuesto político del partido en el gobierno. Atentos.
Por, Patricio Deandar Solís.