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Sancionan e inhabilitan a René Gavira y dos exfuncionarios por daño de 261 mdp en Segalmex

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa acreditó responsabilidad administrativa grave por abuso de funciones contra René Gavira Segreste, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, y contra los exfuncionarios Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo, por compras emergentes injustificadas de maíz y frijol realizadas en 2019, que provocaron un daño patrimonial a Segalmex por 261 millones 211 mil 579 pesos con 69 centavos.

La sentencia impuso a cada uno 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Además, los responsabilizó de manera solidaria por el pago de la indemnización por el mismo monto, aunque la resolución aún puede ser impugnada por la vía de amparo.

Segalmex

Foto: Cuartoscuro

Compras urgentes sin emergencia acreditada

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves concluyó que los exfuncionarios autorizaron la erogación de recursos públicos bajo el argumento de compras emergentes, pero sin documentación que comprobara una crisis de abasto en Diconsa.

La resolución establece que Segalmex podía realizar compras urgentes a precios de mercado solo cuando existiera una emergencia de abasto en Diconsa, Liconsa o de carácter general. Sin embargo, el tribunal determinó que esa emergencia no fue acreditada, por lo que no procedía la adquisición de maíz y frijol fuera del esquema previsto para el Programa de Precios de Garantía.

El tribunal sostuvo que la emergencia no fue probada. Para la Sala, la falta se acreditó porque las compras fueron presentadas como emergentes, pero no existieron oficios, actas ni documentación justificatoria de Diconsa que demostrara una crisis real de abasto de maíz y frijol.

El tribunal también consideró relevante que las operaciones se realizaron de manera gradual y no en un solo acto, como habría ocurrido ante una urgencia verdadera. Esa ausencia de soporte documental convirtió las autorizaciones en actos arbitrarios y permitió acreditar el abuso de funciones.

La firma de los contratos y pagos activó el abuso de funciones

El tribunal no centró la sanción solo en el monto, sino en el uso del cargo. Consideró que René Gavira Segreste, Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo intervinieron desde sus funciones para autorizar contratos, pagos y cédulas presupuestales que permitieron la salida de recursos públicos.

La Sala concluyó que hubo una relación directa entre esas autorizaciones y el daño patrimonial causado a Segalmex. Por eso tuvo por acreditado el abuso de funciones y ordenó que los exfuncionarios respondan por la reparación del daño de manera solidaria.

Contratos, pagos y granos fuera de norma

El caso se centró en contratos de 2019 para la compra de maíz blanco y frijol. La sentencia señala operaciones por 178 millones 782 mil 881 pesos en grano cribado y envasado, 62 millones 194 mil 198 pesos por servicios de origen y destino, y 20 millones 234 mil 500 pesos por frijol.

El tribunal también advirtió que parte de los granos adquiridos correspondían a ciclos productivos anteriores, entre ellos primavera-verano 2018, otoño-invierno 2017-2018 y otoño-invierno 2018-2019, pese a que la operación debía ajustarse a los lineamientos aplicables al ejercicio de 2019.

La defensa apuntó a una decisión colegiada

Durante el procedimiento, la defensa sostuvo que las compras emergentes fueron parte de una decisión colegiada, que participaron distintas áreas de Segalmex y que la determinación contó con autorización de la Dirección General del organismo.

El tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que de las pruebas no se desprendió autorización o situación que justificara las compras emergentes. También determinó que los contratos y las cédulas de afectación presupuestal fueron suscritos por los exfuncionarios sancionados, con lo que se acreditó la conducta atribuida.

Una resolución administrativa todavía impugnable

El fallo contra René Gavira Segreste, Miguel Carrillo Villarreal y Oliverio Pérez Santoyo no corresponde a una sentencia definitiva, se trata de una resolución administrativa por una falta grave de abuso de funciones y por tanto aún puede ser combatida mediante juicio de amparo por los exfuncionarios sancionados.

Resolución contra René Gavira Segreste

Foto: Especial

 

 

Con información de: Político.mx

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De última hora: notifican a magistrada, esposa de Villegas, su cambio de adscripción a Juárez 

Este viernes, la magistrada civil Margarita Félix Sierra, de manera "sorpresiva", fue notificada por el Órgano de Administración Judicial de su cambio de adscripción de su sala ahora a Ciudad Juárez.

Margarita Félix Sierra, es esposa del ex magistrado Luís Villegas Montes; en el contexto actual de una serie de eventos este supuesto cambio de adscripción comenzó a generar una serie de especulaciones.

Luís Villegas Montes, ha sido un opositor a la candidatura del secretario general de gobierno, Santiago De la Peña, dentro del PAN para la alcaldía de Chihuahua.

Además que Luís Villegas Montes encabeza la defensa legal de la ex presidenta del Patronato de la Feria Santa Rita, quien ha denunciado una serie de amenazas en su contra por parte de ex funcionarios y familiares de funcionarios del Estado por haber denunciado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de este organismo.

 

 


Se apersonan Juan Blanco y Luis Villegas en anuncio de Taboada y Daniela en el PAN

El ex alcalde Juan Blanco y el abogado Luis Villegas Montes se apersonaron al anuncio de Santiago Taboada y Daniela Álvarez para la definición del CEN de las coordinaciones municipales de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral.

Dicha presencia de ambos militantes del PAN, se da justo en el anuncio oficial de Daniela Álvarez de su posible renuncia a la dirigencia del partido para buscar la alcaldía de Ciudad Juárez.

Tanto Juan Blanco como Luís Villegas Montes, llegaron en el momento en el cual se anunciaba el proceso para la definición de cinco candidaturas a las alcaldías en mención y en el cual se anunció que se garantiza la participación de César Jáuregui como aspirante a la alcaldía de Chihuahua.

Lo anterior en el marco en el que la gobernadora Maru Campos confirmó que existen investigaciones contra César Jáuregui en la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República. 

Cabe señalar que tanto Juan Blanco y Luís Villegas se han mostrado a favor de César Jáuregui como pre candidato a la alcaldía de Chihuahua por el PAN.


Familias del caso Crematorio Plenitud denuncian que Loya los dejó "plantados"

A 15 meses y 20 días del hallazgo del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, integrantes del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos denunciaron públicamente haber sido dejados plantados por el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, en una reunión pactada para este viernes 16 de octubre a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Torre Centinela.

Las más de 1 mil 600 familias afectadas por la tragedia que involucró el hallazgo de 390 cuerpos acusaron un "desprecio institucional" y una grave falta de empatía por parte de la autoridad estatal, mientras a sectores empresariales se les brinda atención inmediata, según denunciaron en carta abierta.

A través de un pronunciamiento emitido por la vocera del colectivo, Dora Elena Delgado Barraza, los deudos expresaron la indignación generada por la inasistencia del Fiscal a la cita acordada para revisar los avances del caso y los procesos de identificación forense.

"Qué lamentable que el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el ingeniero Gilberto Loya Chávez, nos haya dejado plantados en la reunión programada para hoy, a las 9:00 de la mañana, en la Torre Centinela. ¿Será que no somos empresarios como quienes ayer merecieron su atención? Somos ciudadanos de a pie, hijas e hijos del desierto, familias marcadas por el dolor, cubiertas de cenizas de origen indeterminado y con el corazón hecho pedazos por la tragedia del Crematorio Plenitud. Somos parte de las más de 1,600 familias cuyos derechos legítimos han sido vulnerados. ¿Acaso nuestro dolor no merece una reunión? ¿Nuestra dignidad vale menos?... Dejar plantadas a las víctimas no es un simple incumplimiento de agenda. Para quienes llevamos meses soportando la incertidumbre, el silencio institucional vuelve a abrir las heridas. Mientras usted no acudió a la cita, nuestras preguntas permanecieron esperando, junto con los nombres, las historias y la memoria de quienes aún reclaman verdad", señalan en el documento.

 

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