
Después de su insignificante paso como Fiscal General de la República durante un septenio, el licenciado Alejandro Gertz Manero fue enviado a su jubileo de oro a la embajada en Londres, en un intento de la presidenta Sheinbaum por cortar el cordón umbilical y sacar a uno de los obradoristas incondicionales de su gabinete. Incluso, como afirman algunos, se forzó su renuncia por abrir las carpetas de investigación y detener a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora" y exsecretario de seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, el “hermano” del expresidente López Obrador , a quien la Fiscalía no ha solicitado declaración en el caso.
En este movimiento, la presidenta nombró a su incondicional amiga Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia. La nueva fiscal arrancó con bombo y platillo, asegurando una casa del exgobernador César Duarte en Parral, a la par que el caso de Adán Augusto se mantiene bajo llave.
Recientemente, como es sabido, en la Sierra de Chihuahua se desmanteló un narcolaboratorio (específicamente en la Sierra Tarahumara). En el operativo participaron fuerzas estatales, federales y presuntamente agentes de la CIA, de lo cual la Federación no tenía conocimiento. Por ende, el oficialismo está pidiendo juicio político para la gobernadora panista por “Traición a la Patria”. La propia Fiscalía ya investiga el caso e incluso ya citó a declarar a 50 personas, entre funcionarios y agentes.
Así lo confirmó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República, el mismo que fue encargado de despacho en la fiscalía capitalina y salvó al exgobernador Javier Corral de ser detenido por autoridades chihuahuenses en la capital del país.
Al mismo tiempo del caso Chihuahua, las autoridades norteamericanas emitieron una orden de extradición contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores. Ante esto, el oficialismo acusa que “no hay pruebas” y es un “asunto político”. Por supuesto, la nueva fiscalía de Godoy no investiga al gobernador con licencia.
Este es un caso gravísimo: la Fiscalía que, se supone, es autónoma, está protegiendo a los miembros del partido en el poder e investigando a opositores. Esto es algo que en una democracia, como la que pregona en su discurso la Cuarta Transformación, no debería suceder.
Entonces, si la presidenta quiere enderezar su barco y actuar como la representante de todos los mexicanos, debería reconsiderar la postura de su Fiscalía y dar un manotazo sobre la mesa para colaborar en la detención de un narcotraficante que se hizo con el poder gracias a su movimiento. Al paso que va, solo acabará por consolidar su imagen como la defensora del crimen organizado que tiene a México sumido en una crisis interminable.
Igualmente, este no es el único caso de un político en funciones acusado por narcotráfico; son varios a los que Estados Unidos ya investiga. Con esto, parece que el gobierno mexicano se ha vuelto un encubridor de los criminales, un perseguidor de los combatientes y un estrangulador de las víctimas que sufren a diario esta captura por parte de las huestes de la sociedad mexicana.