Rocha Moya intentó ocultar datos de vuelos y vehículos oficiales antes de pedir licencia en Sinaloa

Rubén Rocha Moya intentó eliminar la obligación de transparentar el padrón de vehículos oficiales y el uso de vuelos y aeronaves del gobierno de Sinaloa semanas antes de pedir licencia como gobernador, tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así lo hizo mediante una iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, documento que fue firmado y enviado al Congreso estatal por el propio Rubén Rocha Moya para reformar la Ley de Transparencia.

De acuerdo con la iniciativa, el proyecto surgió tras la reforma constitucional federal impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir  diversos órganos autónomos del país, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Así, bajo el argumento de que era necesario transferir las funciones de vigilancia que tenía el INAI a contralorías y organismos dependientes del gobierno estatal, impulsó la iniciativa para blindar estos y otros datos de su administración.

Sin embargo, un análisis técnico elaborado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa reveló que, al comparar el apartado de Obligaciones de Transparencia Comunes de la iniciativa del Ejecutivo con la ley local vigente, existían “omisiones relevantes”. 

El análisis evidenció que el nuevo documento ya no incluye la obligación de transparentar los informes de vuelos de aeronaves oficiales o arrendadas con recursos públicos que debían contener obligatoriamente “la bitácora de vuelo, el objetivo del traslado y los nombres de la tripulación y de las personas ocupantes”. Tampoco se incluye la exigencia de hacer público el padrón de vehículos.

Por este motivo, el CPC de Sinaloa advirtió mediante un comunicado que la exclusión de estos elementos de rendición de cuentas representa un “retroceso medible en las obligaciones de transparencia en la ley estatal, contrario al principio de no regresividad en el derecho de acceso a la información”.

Congreso de Sinaloa tramitó en “fast-track” la ley de transparencia de Rubén Rocha

El 16 de abril de 2026, el Congreso de Sinaloa, controlado mayoritariamente por Morena, partido que llevó al poder a Rocha Moya, recibió la iniciativa de reforma a la cual le dio trámite en fast-track. 

El rápido avance del dictamen en el Poder Legislativo provocó que integrantes del CPC se manifestaran en la sede del Congreso para pedir un análisis profundo a los legisladores, debido a que la propuesta del gobernador “no ha sido socializada ni tampoco se abrió un parlamento ciudadano”.

El organismo contrastó el trato legislativo y subrayó que, mientras a la iniciativa del Ejecutivo (enviada el 16 de abril) se le otorgó segunda lectura de forma acelerada, un proyecto de ley paralelo que había sido presentado por el propio CPC y diversas organizaciones ciudadanas, fue desechado por la Comisión de Protocolo del Congreso el pasado 21 de abril.

Sin embargo, la iniciativa del gobernador tuvo un freno intempestivo después de que el 29 de abril se dio a conocer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios públicos del estado por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que pidió su detención con fines de extradición.

En respuesta, el gobierno de México aseguró desde el primer momento que Estados Unidos no entregó pruebas contundentes contra los 10 ciudadanos mexicanos, por lo que sigue en espera de dicha información para proceder legalmente.

En tanto, la iniciativa de Ley de Transparencia enviada por Rocha Moya avanzó hasta la etapa de segunda lectura en el Congreso de Sinaloa, por lo que el CPC exige frenar el proceso legislativo y realizar un análisis más profundo a la ley antes de votarla. 

Nueva ley de transparencia en Sinaloa: más tiempo de espera para ciudadanos

Otro de los cambios más notorios en la propuesta del ahora gobernador con licencia, aparte de la eliminación de transparentar datos de vuelos y vehículos en Sinaloa, es la modificación a los tiempos que tendrá el gobierno para contestar solicitudes de información pública.

En el artículo 111 de la iniciativa, se plantea que el plazo legal para responder a una solicitud de acceso a la información pase a ser de hasta 20 días, lo que supera la legislación vigente de Sinaloa que marca solo diez días. 

En su análisis, el CPC señala que con esta ampliación las personas “tendrían que esperar el doble de tiempo para acceder a la información, lo que reduce su oportunidad y utilidad, y debilita en la práctica el ejercicio del derecho”. Además, este doble tiempo de espera afecta directamente a las investigaciones periodísticas y al derecho a saber de la sociedad.

Ley “Copy-Paste”: retrocesos en la transparencia

El análisis comparativo del CPC también califica el texto del gobernador como una “ley espejo a la Ley General” que no fue adaptada ni regionalizada a las características institucionales de Sinaloa, lo que borra el trabajo que la entidad había desarrollado en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El documento subraya que la iniciativa omite la inclusión de artículos clave que sí existen en la normativa federal, como el artículo 161, el cual “reconoce el derecho de las personas a impugnar (quejarse de las) resoluciones de las autoridades garantes mediante el recurso de inconformidad o el juicio de amparo”. 

La exclusión de estas garantías en la propuesta local podría generar incertidumbre sobre cómo la ciudadanía puede defenderse legalmente ante decisiones desfavorables u opacas del gobierno.

¿Austeridad o menos derechos?

En la exposición de motivos de la iniciativa, el ahora gobernador con licencia también justificó la centralización de las tareas de transparencia argumentando que el nuevo modelo busca “abonar a la racionalización del gasto público y la implementación de políticas de austeridad” mediante la eliminación de estructuras.

En los hechos se trata del mismo argumento utilizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para justificar la desaparición del INAI y otros organismos públicos autónomos del país. 

Sin embargo, un oficio emitido por la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del propio Congreso del Estado de Sinaloa analizó el impacto de la medida y detectó que la nueva ley exigirá la inversión en programas de capacitación, instalación de nuevos centros de atención, módulos y equipos de cómputo. 

Esta Unidad técnica concluyó que, debido a estos nuevos requerimientos, los supuestos ahorros se contrarrestan, “por lo que se puede determinar que, al ser aprobada esta iniciativa no existiría impacto económico para ninguna dependencia pública”.

Con información de Animal Político.