Chihuahua el Estado que tarda 16 años en reconocer derechos humanos

El avance del matrimonio igualitario en Chihuahua representa un triunfo histórico para los derechos humanos, pero también deja al descubierto el enorme retraso legislativo y social que todavía persiste en el estado. Que hayan tenido que pasar 16 años de lucha por parte de activistas y defensoras de los derechos LGBTIQ+ para que una comisión del Congreso aprobara un dictamen que reconoce algo tan básico como el derecho a casarse demuestra que la igualdad sigue enfrentando resistencias políticas, ideológicas y culturales profundamente arraigadas.

La frase de Karla Arvizo Lozano, “el matrimonio igualitario es un derecho, no un privilegio”, resume perfectamente el centro de esta discusión. No se trata de otorgar beneficios especiales ni de “imponer ideologías”, como algunos sectores conservadores insisten en señalar; se trata simplemente de reconocer que todas las personas deben tener acceso a los mismos derechos sin importar su orientación sexual. Los derechos humanos no deberían depender de la opinión moral o religiosa de los legisladores en turno.

Y precisamente ahí es donde el debate en Chihuahua resulta preocupante. Es sorprendente que, en pleno 2026, todavía existan representantes dentro de una institución de gobierno intentando utilizar argumentos religiosos para influir en decisiones civiles. La separación entre Iglesia y Estado existe desde hace décadas justamente para evitar que las creencias personales de ciertos funcionarios se conviertan en leyes para toda la sociedad. Gobernar bajo principios religiosos ya no corresponde a una democracia moderna ni a un Estado laico.

La controversia generada dentro del Congreso evidencia cómo algunos actores políticos continúan tratando los derechos de la comunidad LGBTIQ+ como si fueran temas opcionales o debatibles, cuando en realidad son garantías constitucionales respaldadas incluso por criterios de la Suprema Corte. Más preocupante aún es que el retraso legislativo parece haber sido alimentado por intereses partidistas y sectores conservadores que durante años prefirieron bloquear avances antes que reconocer derechos.

Las posturas de diputados como Olson y Chavez, quienes buscaron retrasar la votación ante el pleno, reflejan precisamente esa resistencia política que ha frenado el progreso en Chihuahua. En lugar de representar a una sociedad cada vez más diversa y consciente de los derechos humanos, algunos legisladores siguen actuando bajo agendas ideológicas y morales que no deberían estar por encima de las leyes civiles ni de la igualdad ciudadana.

La aprobación unánime en la Comisión de Igualdad puede interpretarse como un avance importante, pero no necesariamente como una transformación profunda. El verdadero problema es que Chihuahua llega tarde a una discusión que en muchos otros estados del país ya debería estar superada. Mientras otras entidades avanzan hacia políticas más amplias de inclusión, protección y reconocimiento para la comunidad LGBTIQ+, aquí todavía se debate algo tan elemental como el derecho de dos personas a casarse legalmente.

Además, este retraso no solo afecta a las parejas del mismo sexo; también envía un mensaje de exclusión y discriminación hacia toda la comunidad LGBTQ+, como si sus derechos pudieran seguir condicionándose a debates políticos, intereses partidistas o creencias religiosas personales. Eso es precisamente lo que resulta más indignante: que los derechos de una minoría continúen siendo utilizados como moneda política en lugar de ser reconocidos con la dignidad y urgencia que merecen.

En ese sentido, este proceso no debería celebrarse únicamente como una victoria, sino también como una llamada de atención sobre el poco progreso que Chihuahua ha tenido en materia de igualdad y derechos humanos. Si después de más de una década de exigencias todavía existe resistencia para reconocer derechos fundamentales, queda claro que el problema ya no es jurídico, sino político, cultural y profundamente conservador.

La sociedad ha avanzado mucho más rápido que sus representantes. Y mientras miles de personas llevan años luchando simplemente por ser reconocidas con igualdad ante la ley, algunos sectores del poder siguen atrapados en discursos religiosos y posturas anticuadas que deberían haber quedado atrás hace mucho tiempo.