Vinculan a proceso a dos por homicidio de “El Cabo”

Cuauhtémoc.- Los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía de distrito zona occidente, permitieron que un Juez de Control vinculara a proceso a dos imputados por el delito de Homicidio Calificado en su carácter de cómplices auxiliadores, así como por Delincuencia Organizada.

La audiencia en la que se resolvió la situación jurídica de los hermanos Neftalí y Fermín H. P., se llevó a cabo ayer lunes, en la que se expusieron las indagatorias sobre los hechos ocurridos el 19 de marzo del 2017, en los que murió César Raúl Gamboa Sosa alias “El Cabo” y dos de sus lugartenientes.

De acuerdo a las investigaciones, ambos sujetos detenidos a través de órdenes de aprehensión el pasado miércoles 16 de enero, brindaron apoyo al grupo criminal encabezado por Arturo Quintana Quintana alias “El 80” al proporcionar vehículos, acondicionar los mismos para el uso de armas de alto poder y preparar la logística para el ataque.

El trabajo realizado en los últimos meses por investigadores de la Fiscalía, permitió ubicar una bodega en la comunidad de Santa Clara, municipio de Namiquipa donde fueron acondicionados los vehículos.

El inmueble fue cateado el pasado 23 de mayo del 2018, donde se aseguraron armas de fuego y un vehículo con reporte de robo e impactos de bala. Ahí se detuvo al padre de los ahora detenidos y se puso a disposición de la autoridad federal.

En la escena donde ocurrió el enfrentamiento, ubicada a la altura del kilómetro 101 de la carretera de Álvaro Obregón a Bachíniva, peritos de la Fiscalía de distrito zona occidente, aseguraron 20 vehículos, siete de los cuales contaban con blindaje.

Asimismo, se aseguró una pick up con escudos metálicos y un arma calibre .50mm empotrada en la parte trasera, además, 10 vehículos de diferentes marcas y características con estrobos, más de 8 mil casquillos calibres 50, 7.62 x 39, .223 y .9 milímetros; granadas de fragmentación, chalecos antibalas y equipo táctico.

Con el seguimiento de estas investigaciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso con la sociedad de seguir combatiendo a los grupos del crimen en esta región.

Tips al momento

Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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