Carlos González Herrera, Secretario de Educación y Deporte aseguró que es la parte normativa y no la financiera la que detiene el Estado de responder a docentes de la Sección 42 del Snte por el pago de la clave “L” por lo cual, se espera que las leyes secundarias de la nueva Reforma Educativa aclaren la situación.
Explicó que la Reforma Educativa que se aprobó en 2013, abrogó la legislación anterior a ella y, la nueva Ley que se aprobará en 2019 hará lo mismo con los lineamientos emitidos en la reforma anterior.
Ello no significa que la nueva Reforma Educativa vaya a restituir prestaciones que se habían reconocido por legislaciones anteriores y por el contrario, llega con sus propias prerrogativas.
Es por ello que se espera que las nuevas leyes secundarias lleguen con un carácter técnico mucho mejor al de anteriores reformas para que no de cabida a zonas grises que den espacio interpretaciones diversas de la ley.
En este sentido, Carlos González Herrera mencionó que el Estado participará de manera decidida en las consultas para la elaboración de las leyes secundarias mismas que deben emitirse en un plazo no mayor a 120 días a partir de que cobra vigencia la nueva Reforma Educativa.
Precisó que el mensaje que emitió este miércoles el dirigente sindical Ever Avitia es que la nueva Reforma Educativa abre un espacio, una posibilidad de que se eliminen los impedimentos políticos para el pago de la clave “L”.
Aseguró que una vez que quede clara la responsabilidad del Estado con la Sección 42 del Snte, se buscará en conjunto con la Secretaría de Hacienda la manera de tener el recurso necesario para pagar la clave “L”, monto que se reservó Carlos González al ser una cantidad que tiene variaciones conforme el paso del tiempo.
“Como lo financiero no es lo principal, en cuanto lo normativo nos deja clara cuál es la situación, uno se pone a trabajar en buscar los recursos”, acotó el funcionario estatal.
Tips al momento
No ha lugar desafuero de magistrado
La Comisión Jurisdiccional por mayoría de sus integrantes votó el dictamen que no ha lugar la declaración de procedencia en contra del magistrado Jorge Abraham Ramírez.
Al parecer la votación fue amplia con 4 a favor en no proceder con el desafuero y sólo un voto en contra, en este caso se dice que fue la diputada Georgina Bujanda.
Ahora lo que corresponde es la votación del pleno, la cual no queda claridad por las lagunas que tiene la misma Ley de Juicio Político, para empezar se dice que deberá ser la mitad más uno de la mayoría simple, es decir con que haya 18 diputados 10 pudieran definir al respecto.
Sin embargo de encontrarse la totalidad de los 33 diputados que ninguno se ausente o pida justificante para no meterse en problemas, será una votación bastante reñida.
Pero no queda claro si el dictamen es que no hay elementos para quitar el fuero y luego en el pleno dicen lo contrario qué pasa, se regresa a comisión o qué. Porque la ley establece que no se le puede someter a proceso por las mismas causas.
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