IP batea a nueve de cada 10 exfuncionarios

90% de los candidatos que vienen de gobierno, es decir, que trabajaron en alguna dependencia gubernamental, son rechazados por los empleadores en la Iniciativa Privada, entre otras razones, porque no logran adaptarse a los esquemas laborales que privilegian a las métricas ligadas a la productividad, establecieron especialistas en recursos humanos.

Arleth Leal Metlich, director asociado de la firma de recursos humanos Red Ring, afirma que de 1,100 vacantes mensuales en promedio que ha promocionado la empresa en los últimos meses, se llegan a presentar 500 candidatos cuya trayectoria laboral estuvo en la administración pública y 450 son rechazados.

Las principales razones, expuso, son que “están mal evaluados; desafortunadamente, ha sido el común denominador, incluso ahora que hay más gente del sector gubernamental buscando un empleo, hay un estigma de que fue gente que no cumplió con su labor, porque no son eficientes, se tiene la percepción de que atienden mal, que no son competitivos”.

Añadió que esta situación se presenta en todos los niveles de puestos; “son más los puestos administrativos, pero sin duda, en todos los niveles se presentan casos en los que no resultan ser candidatos atractivos. Sobre todo, porque las organizaciones buscan que se cumpla con un rol de trabajo, el nivel de presión que se vive por alcanzar metas; se deben cumplir horarios, y se tienen muy definidas las prestaciones laborales, que en muchos casos resultan ser menores a las que tenían en el gobierno”.

A pesar de que las empresas tienen temor en contratar gente del gobierno, “nosotros siempre tratamos de incluir personas midiendo su talento y que cumplan con el perfil; pero en 90% de los casos son rechazados cuando vienen de gobierno, sobre todo si la experiencia es reciente”, apuntó la directiva.

Ayer, El Economista publicó que, tan sólo a nivel de altos funcionarios, en lo que va de este gobierno se han quedado sin trabajo en el gobierno federal 11,000 servidores públicos, de acuerdo con cálculos de la firma ID Hunt.

Carmen García Gómez ocupa la gerencia de Vinculación Dirección de Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales en una empresa global, antes de ocupar este puesto, aplicó por vacantes en cuatro compañías sin una respuesta positiva, “no les gustaba mi procedencia (en la Secretaría de Economía). Trabajar en gobierno parece un estigma”, comentó.

Faltan mejores prácticas

En puestos operativos es poco común que ocurra un rechazo, siendo más frecuente que se presente en niveles directivos, matizó Mauricio Sánchez, director de Grupo Human, consultoría en investigación en Recursos Humanos.

Algunas deficiencias detectadas es que los postulantes no sabían incrementar ventas ni reducir gastos, sólo sabían administrar el dinero sin importar resultados “y lo que fue peor, les daban instrucciones de gastar todo el presupuesto (se necesitara o no), para que no se los recortaran el siguiente año”.

En ese sentido, explicó Sánchez, “son prácticas, no son bien recibidas en la Iniciativa Privada, por lo que es importante tomar en cuenta las buenas prácticas para emplearse, trabajar y actuar como si ellos fueran los dueños”.

Exservidores públicos sufren para reubicarse

Corrupción, un estigma

Actualmente, es muy difícil que en la industria privada acepten a un alto ejecutivo que viene del gobierno, afirma Bibiana Ávila, directora general de Recursos Humanos de Great People, empresa de colocación de talento.

La especialista en gestión de capital humano observa dos grandes desventajas en los exfuncionarios: la mala imagen del gobierno y el tiempo que estuvieron “en una zona de confort”. Algunos “traen vicios que en la industria privada no se dan”, como la corrupción, señala. Ante el estigma que cae sobre ellos, Bibiana Ávila aconseja someterse a pruebas de honestidad, valores y competencias.

A otros les hace falta actualización, asegura. Y no sólo en conocimientos de su sector, sino en otro estilo de manejo de equipos. “No están llegando muchas personas que buscan asesoría para ser contratados. El punto es qué tanto las empresas quieren aceptarlos, y me parece que no es así”, concluye. “El sector público en su mayoría no tiene el prestigio que tiene el sector privado, porque está asociado con algunas connotaciones negativas y por eso es más difícil la colocación de alguien que viene de la administración”, explica, por su parte, otra fuente de una firma global de búsqueda de talento ejecutivo.

Además, el papel político que puedan jugar los exfuncionarios dentro de la organización es un temor de las empresas. Así, la Iniciativa Privada analiza ambos factores al momento de contratar a un servidor público.

Es más sencillo, comenta el especialista, emplear a funcionarios que de áreas más técnicas como, por ejemplo, la Cofepris o la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Con información de Blanca Juárez y Gerardo Hernández).

 

María del Pilar Martínez

El Economista

Por: Redacción

Tips al momento

Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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