En febrero de este se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en contra de Aldo Alejandro Castillo Terrazas y Mariana Lizeth Ibarra Rivera, Secretario de Acuerdos y titular del Juzgado Menor Mixto de Santa Bárbara por estafar a una familia con alrededor de 200 mil pesos y la pérdida de una vivienda en el municipio en mención.
Hasta el momento, únicamente se inició proceso penal en contra de la jueza Mariana Ibarra a quien se vinculó a proceso por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, falsificación o alteración y uso indebido de documentos ordenándose también la separación del cargo.
El Ministerio Público también solicitó en audiencia formular cargos en contra de Mariana Ibarra por el presunto delito de cohecho, sin embargo, la sentencia de una juez en Hidalgo del Parral no resultó favorable para dicho ilícito por lo cual se promovió un recurso de apelación por la Fiscalía Anticorrupción.
La familia Pérez Hernández, la parte denunciante, señala que tanto Alejandro Castillo Terrazas como Mariana Ibarra les prometieron en 2014 llevar a cabo un juicio ordinario para legalizar una vivienda en Santa Lucía que adquirieron de palabra desde los años 80 ya que se encontraba en disputa con otro particular.
Para iniciar con el juicio les solicitaron la cantidad de 6 mil 500 pesos, a partir de entonces y durante 3 años aproximadamente, les solicitaron dinero en varias ocasiones, la familia Hernández Pérez estima que todo ese tiempo gastaron alrededor de 200 mil pesos.
El primer contacto de la familia fue con la jueza Ibarra Rivera quien les aseguró que sí era posible legalizar la propiedad y los presentó con el Secretario de Acuerdos para iniciar con el proceso, él los representaría de manera legal luego de que les pidió firmar una carta poder en la Notaría 3 de Hidalgo del Parral.
Alejandro Castillo fue quien pidió todos los pagos que la familia Pérez Hernández realizó durante 3 años quienes a su vez, daban cuenta a Mariana Lizeth Ibarra de todo lo que el Secretario de Acuerdos pedía e informaba, la jueza del Juzgado Menor Mixto siempre respondió que el proceso legal era el correcto.
La familia recibió una sentencia por parte del Juzgado Menor Mixto que años después descubrieron que era falsa y además, confirmaron que la vivienda en Santa Bárbara ya estaba a nombre de un tercero que inclusive cuenta con escrituras; especulan que tanto Mariana Ibarra como Alejandro Castillo trabajaron para ambos lados y beneficiaron a la otra parte con la adjudicación del inmueble.
Existen audios en donde el Secretario de Acuerdos reconoce que obró mal en contra de la familia Pérez Hernández y ofrece resarcir los daños con 150 mil pesos en diversas parcialidades, todo documento y comprobante de pago así como un celular con conversaciones de WhatsApp guardadas están en poder de la Fiscalía Anticorrupción.
La parte afectada espera que las autoridades terminen por vincular a proceso a Alejandro Castillo ya que tanto él como Mariana Ibarra se beneficiaron durante años con recursos ajenos, fingieron una sentencia y se escrituró una vivienda a nombre de un tercero.
Tips al momento
Secuestro en vivo
Los videos de Iván Márquez, joven chihuahuense que fuera secuestrado junto con su hermano menor y puestos en libertad se volvieron virales.
Prácticamente la transmisión en vivo a través de Facebook tuvo más de 150mil reproducciones durante el día martes.
A las pocas horas la respuesta de los conocidos y autoridades derivado en su liberación.
Hasta el momento no han informado sobre la identidad de los dos secuestradores y si fueron detenidos.
Casi defrauda el Ichisal
El Ichisal tuvo que realizar el pago total y reparaciones del daño para regularizar su situación fiscal a la deuda que los usuarios y el mismo gobierno le deben.
De acuerdo al Código Nacional de procedimientos penales vigente la defraudación amerita prisión preventiva oficiosa y por ello mejor pagar los platos rotos.
Se pide que especialmente las dependencias de gobierno paguen al Ichisal las obligaciones tributarias.
LeBarón, la masacre y el litio de los grupos criminales
El crimen de los miembros de la familia LeBaron y Langford atrajo el interés del FBI y del gobierno federal, no sólo por la tragedia, sino además porque al parecer el crimen organizado ha mutado a la explotación del litio.
En días pasados se informó qué grupos mineros encontraron enormes yacimientos de litio en Chihuahua y Sonora que representarían el 20% de las reservas internacionales.
Este mineral se utiliza para la fabricación de pilas de celulares, automóviles y otros usos, entre ellos medicinales. El mineral alcalino es interés de los grupos criminales.
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